Ciudad de México.- El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados que propone de tres a seis años de cárcel por los delitos de violencia digital y violencia mediática.

El grupo parlamentario del Verde Ecologista en San Lázaro presentó la iniciativa de reforma al Código Penal Federal para incluir dichos delitos.

La fracción parlamentaria señaló que esta iniciativa contempla incluir la terminología correspondiente a los actos que vulneran la vida privada de las víctimas mediante el ciberespacio o medios de comunicación, así como penas que van desde los tres hasta los seis años de prisión a los victimarios.

Se contempla proteger a la población contra quienes difunden, exponen o reproducen, a través de medios tecnológicos, material de índole sexual e íntimo sin su consentimiento, lo que puede provocar un daño psicológico, moral y económico irreparable contra la dignidad e integridad de las personas.

La diputada federal del Verde Ecologista y promovente, Ciria Yamile Salomón Durán, explicó que, de acuerdo con el INEGI en su Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih 2019), poco más de 84 millones de personas usan internet en cualquier dispositivo, la mayoría de ellas afirmó haber experimentado el ciberacoso en su modalidad de identidades falsas.

Salomón Durán detalló que cerca del 35% de las mujeres víctimas de acoso en línea experimentó insinuaciones o propuestas sexuales, mientras que el 33.6% recibió contenido sexual.

Recordó que si bien en el 2021 surgió la denominada Ley Olimpia con el propósito de reconocer y sancionar las conductas y actos que violen la intimidad sexual de las mujeres a través de medios digitales; en abril de 2007 fueron despenalizados los delitos de injuria, difamación y calumnia.

“ Acciones que provoquen daño al honor, dignidad o reputación de una persona no se persiguen por la vía penal, por esto, las víctimas de “ciberacoso” no disponen de los mecanismos jurídicos de protección para defender su dignidad humana y personalidad”, advirtió.