Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para crear la figura de “jueces sin rostro”, a fin de fortalecer la protección a personas juzgadoras frente a amenazas y agresiones del crimen organizado.

La propuesta busca garantizar que el ejercicio judicial se realice con independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y ética, mediante la implementación de medidas que preserven la seguridad e “identidad” de quienes imparten justicia, especialmente en casos relacionados con delincuencia organizada.

La propuesta contempla que el resguardo de la identidad de las personas juzgadoras esté sometido a revisión periódica y oficiosa por parte del Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad Especializada que se establezca al efecto, de tal forma que no se prolongue la medida.

También considera la adición del artículo 34 Bis a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, dentro del capítulo “De la protección de las personas”, y la inclusión de los artículos 22 Bis y 22 Ter en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de definir los mecanismos y criterios objetivos para solicitar medidas de resguardo, las cuales podrán ser requeridas por el Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación.

La organización México Evalúa ha documentado los ataques a la integridad del personal judicial en México, en 2024, cuando que el 22% de las personas juzgadoras ha recibido amenazas de lesiones, el 12 por ciento amenazas de homicidio, y un 11 por ciento ha sido víctima de extorsiones o amenazas contra familiares.

Con estas reformas, el Ejecutivo Federal busca dotar de certeza, coherencia y sistematicidad a las medidas de protección, en concordancia con lo establecido en el artículo 20, apartado A, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.