Pachuca, Hgo. – Con el objetivo de eliminar eufemismos legales y reconocer la gravedad de la violencia sexual contra menores, la diputada Montce Hernández presentó ante el Congreso local una iniciativa para reconocer jurídicamente el embarazo infantil como un tipo específico de violencia de género y una forma de tortura.

La propuesta busca reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo, estableciendo que cualquier embarazo en niñas menores de 15 años se presuma legalmente como resultado de violencia sexual, dado que en la infancia no existe capacidad de consentimiento.

El rostro de la violencia en cifras

Durante su exposición de motivos, la legisladora presentó datos alarmantes sobre la realidad que enfrentan las menores en la entidad:

– Maternidad infantil: Actualmente, 82 niñas de entre 10 y 14 años ya son madres en Hidalgo.

– Estadística anual: En 2024 se registraron 1,625 nacimientos en el rango de 10 a 17 años, con una tasa de 6.9 alumbramientos por cada mil mujeres en esa edad.

– Causas hospitalarias: De los egresos hospitalarios de niñas de 10 a 14 años, casi el 30% (145 casos) fueron por causas obstétricas.

” “Cuando hablamos de niñas de 10, 11 o 12 años embarazadas, no hablamos de estadísticas comparativas. Hablamos de violencia. No podemos seguir llamando ‘embarazo temprano’ a lo que es abuso de poder”, enfatizó la diputada.

Brechas extremas y falta de denuncia

La iniciativa documenta casos de disparidad de edad alarmantes, citando el ejemplo de una adolescente de 16 años que tuvo un hijo con un hombre de 85 años, una brecha de casi siete décadas que evidencia la naturaleza del abuso.

A pesar de la magnitud del problema, el sistema de justicia enfrenta un reto crítico: la cifra negra. Se estima que el 97.3% de los delitos sexuales no se denuncian, y en los registros de los Centros de Procuración de Justicia Estatal no existen indagatorias vigentes por abuso sexual específicamente en el rango de 10 a 14 años.

El alcance de la reforma

La iniciativa propone adicionar la fracción VII Bis al artículo 5 de la citada ley. Con este cambio, el Estado estaría obligado a tratar estos casos no solo como un evento biológico o de salud pública, sino como una violación grave a los derechos humanos equiparable a la tortura por el impacto físico y psicológico que genera en las menores.

” “Este no es solo un cambio de redacción; es un acto de justicia para las niñas de Hidalgo”, concluyó Hernández ante el pleno.