México.- El que una empresa preste servicios a otra no tiene absolutamente nada de malo, sean básicos o complejos, comentó Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.

“La nueva propuesta de ley para regular el outsourcing es sumamente perjudicial. Sobre regula, crece el costo de la burocracia y el entorpecimiento de la misma a las actividades productivas, que ahora serán criminalizadas”, destacó el empresario en su blog.

Señaló que esto va contra el libre comercio y la voluntad de las partes, además, que no garantiza que los actuales “evasores y abusivos” sean detenidos y castigados.

“Esperamos que la cordura prevalezca y no sea aprobada esta nueva ley. Ojalá que el SAT pueda pronto presentar ante la opinión pública las pruebas que exhiban a estos grandes evasores, que no “paguen justos por pecadores”, refirió.

De acuerdo con Salinas Pliego, el outsourcing es una práctica sana que debe extenderse para que la economía sea más competitiva.

“Una empresa contrata a otra para prestar un servicio. Es lo más común del mundo: remodelar una oficina, limpiar pisos y ventanas, preparar y servir la comida a los empleados, instalar un sistema de comunicación interno, entregar paquetes y documentos, decorar un espacio, limpiar fachadas de cristal, vigilar los accesos, etcétera”, dijo.

Contratar empresas con personal especializado busca ofrecer servicios de mejor calidad a precios más bajos y en condiciones más atractivas, indicó el presidente de Grupo Salinas.

“Tristemente algunos políticos no entienden esta dinámica. Sucede que, en los últimos años, el SAT y una parte del sindicalismo, representado por el senador Gómez Urrutia, se han ocupado en satanizar a las empresas de outsourcing, señalando que ‘incumplen con sus obligaciones laborales y que evaden impuestos’. Descalifican una actividad deseable, como si todas las empresas que prestan servicios a otras operaran de manera corrupta”, expresó.

Salinas Pliego mencionó que en el pasado, el SAT no pudo impedir abusos de algunas empresas proveedoras de servicios y ahora se busca señalar y castigar a los usuarios legítimos de estos servicios e imponer una enorme carga regulatoria a las empresas que han hecho las cosas bien.

“La omisión del SAT en el pasado fue causada por corrupción, que nada tiene que ver con insuficiencia de leyes”, apuntó.