Queridas amigas y amigos, este viernes se convocó al Congreso de la Unión a un período extraordinario de sesiones para la aprobación del dictamen para modificar el plazo que se les había dado a las empresas, para migrar al nuevo esquema de contratación que elimina la subcontratación (Outsourcing) con una fecha límite al 1 de septiembre y no al 1 de agosto de este año como había quedado originalmente.

En este sentido, es de señalar que las reformas representan un significativo y legítimo avance, pero de ninguna manera como lo ha querido presentar la narrativa de la 4T, la figura de la subcontratación ha existido en nuestro país por lo menos desde hace 40 años, no se trata de una práctica perversa per se, no obstante, se reconoce que han existido –y existen– malas prácticas que conllevan el abuso –y afectación directa– a los trabajadores, por otra parte, los derechos laborales de las y los trabajadores, es uno de los rubros que no pueden ser determinados por ideologías o peor aún, por apasionamientos.

Por ello, en la sesión de este viernes, a través de una servidora los legisladores de Acción Nacional, señalamos que el instrumento mejora la regulación de las actividades y prácticas, reconociendo las bondades con que cuenta el instrumento, que finalmente prohíbe la subcontratación, sin eliminar la posibilidad de la subcontratación de servicios especializados, establece además responsabilidades solidarias en beneficio de las y los trabajadores, así como una nueva regla de pago de utilidades, también se logró avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión del cumplimiento, de las obligaciones en favor de los trabajadores, se establecieron diversas obligaciones, para personas físicas y morales que prestan servicios de subcontratación, las que operan bajo régimen de subcontratación y las que prestan servicios especializados o ejecutan obras especializadas.

Por supuesto, alcanzar la migración al nuevo esquema legal, requería y requiere una serie de procesos, administrativos y logísticos al interior de las empresas, que debieron implementar y guardar los protocolos de sana distancia, así como el proceso de registro ante las autoridades, en este sentido me permití puntualizar desde la tribuna, que es Morena, quien propuso ampliar el plazo sólo por un mes.

Si partimos de la base de que si en 90 días, solo se ha registrado 30% de las empresas, falta el 70%, es evidente que en 30 días más no lo van a poder hacer y no por falta de voluntad y disponibilidad de las empresas para cumplir con sus obligaciones, pasa que, de origen, los plazos fueron diferentes, al Gobierno se le otorgó un año y a las empresas 90 días, sin tomar en cuenta que seguimos bajo los efectos de la pandemia y que el Gobierno federal, no ha podido regresar a operar de forma normal, sumando a esto, su ineficacia ya que con la reducción de presupuesto, solo se consiguió la reducción de personal y en páginas y en trámites electrónicos intermitentes, que obstaculizan el proceso.

Por ello el PAN, atendiendo a todo en su conjunto y cuidando ante todo los derechos de los trabajadores, propusimos un plazo prudente y ejecutable por las empresas y el propio Gobierno, acorde al año de ejercicio fiscal, es decir al 31 de diciembre de 2021.

No obstante, no es la primera vez que el grupo mayoritario de la 4T recurre a estas prácticas de desgaste, no para el legislador, que nos hemos movilizado en un momento nuevamente delicado en la Ciudad de México ante el incremento de contagios de la nueva cepa del Covid-19, sino del más vulnerable: el trabajador, inmersos en una crisis económica en un momento en el que nadie se puede dar el lujo de perder un solo empleo más, como es costumbre para los morenistas, convocaron a la Cámara de Diputados para conceder una ampliación del plazo, al 1 de septiembre como ellos lo plantearon ¿con base en qué? con base en lo que a “alguien” se le ocurrió y haciendo uso de su posición mayoritaria, así lo aprobaron, desgastando innecesariamente a “la clase trabajadora” como la llama la 4T, que suele tomar como bandera y a la que según ellos “dicen” defender –pero que en la realidad– es perjudicada.