Ciento veinte millones de pesos le ha ahorrado al país dejar de pagarle a los expresidentes pensiones, seguros de vida y de gastos médicos mayores, escoltas y personal de apoyo. Esto es resultado de la reforma a la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos prometida por Andrés Manuel López Obrador en su campaña. Luis Echeverría, Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón han dejado de recibir 2.4 millones de pesos anuales cada uno; asimismo fueron retirados los 30 elementos del Estado Mayor Presidencial, ya desaparecido, que estaban a su servicio. Ernesto Zedillo, el más íntegro de todos, renunció previamente al beneficio.

A contracorriente de la política federal de cancelar privilegios y suprimir gastos superfluos, el Congreso de Tamaulipas, cuyo periodo concluye este jueves, le hizo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca (PAN) un regalo «sorpresa»: seguridad de por vida con cargo al erario. El obsequio no lo libra de las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. La Legislatura la controla Cabeza de Vaca, pero la propuesta surgió de Florentino Aarón Sáenz (PRI), cuyo partido sumó sus votos a los de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano para consumar la vileza.

En Coahuila, a Rubén Moreira le bastó una resolución en el Periódico Oficial del Estado, publicada el 9 de enero de 2015, para acorazarse por el resto de sus días. «Los titulares del Ejecutivo del Estado, una vez concluido su ejercicio, gozarán del servicio de seguridad personal de manera vitalicia. (…) La escolta se integrará hasta de ocho elementos por turno, quienes deberán ser servidores públicos con experiencia en la materia y estar adscritos a la Procuraduría de Justicia del Estado o a la Comisión Estatal de Seguridad», dice el acuerdo, rescatado por Rolando Chacón (El Norte, 10.09.21).

El mantenimiento y el combustible de los «vehículos adecuados» para cuidar a Moreira (los demás exgobernadores no gozan el mismo trato) corren por cuenta de los coahuilenses, así como los intereses de la deuda que este año rondarán los 7 mil 800 millones de pesos. Generoso con el dinero del erario, Moreira extendió el mismo beneficio al secretario de Gobierno, al procurador de Justicia, al secretario de Seguridad Pública y a los funcionarios de su elección mientras estuvieran en funciones.

Mientras a la Coalición de Trabajadores de la Educación se le reprime, Moreira dispone de hasta 24 escoltas al día para su protección (Felipe Calderón tenía 30). La iniciativa de un diputado de oposición (presentada en 2017 y cuyo nombre Chacón no cita en su nota) para anular el acuerdo y limitarlo a un periodo equivalente al de gobernador (seis años) fue olímpicamente ignorada. Si Miguel Riquelme desea en realidad apegarse a ese criterio, como lo expresó en Torreón, no solo debe cambiar la resolución tomada unilateralmente por su predecesor, sino cancelar su carácter permanente. En el Congreso tiene los votos necesarios para darle a Coahuila esa satisfacción.

Es insultante que a un estado saqueado y con una de las mayores deudas del país también se le pase la factura por proteger a Moreira. La derrota del PAN en Tamaulipas en las elecciones de alcaldes y diputados de este año, causada por el mal gobierno y los escándalos de corrupción de Cabeza de Vaca, prefigura la alternancia en 2022. El Gobernador pretende imponer a su hermano Ismael -como Humberto Moreira lo hizo con Rubén-, pero la intención de voto favorece a Morena con Maki Ortiz (expanista) y Américo Villarreal Anaya (exmilitante del PRI), cuyo padre homónimo ya fue gobernador. La seguridad vitalicia de Cabeza de Vaca será efímera, pues su futuro está pintado de barrotes. Igual debe ser el de Moreira.