Washington, DC.- Preparándose para un futuro incierto para el comercio con México, los texanos en el Congreso compiten para permitir que las ciudades y las empresas proporcionen apoyo financiero ilimitado a los agentes de aduanas, con el fin de reducir los respaldos en el flujo de bienes y personas a través de la frontera.

Hace tres años, el Congreso aprobó proyectos piloto que han dado más 20 acuerdos arreglos para el financiamiento público y privado de horas extras y otro tipo de apoyo a la aduana, así como para la protección fronteriza, elemento que cuenta con escasez de personal.

El representante demócrata por Laredo, Henry Cuellar, y sus aliados, han buscado sin éxito expandir las asociaciones comerciales.

Ahora, ese esfuerzo bipartidista ha tomado una nueva urgencia con la llegada al gobierno de Donald Trump y la posibilidad de un nuevo escrutinio del comercio exterior, que derivaría en cambios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Futuro incierto

“Si se tienen fuentes privadas y públicas que quieran venir y ayudar con este problema, entonces debemos dejar que lo hagan”, dijo Cuellar, patrocinador de la legislación.

Will Hurd, republicano, está presionando a los líderes de la Cámara de Representantes para que pongan la legislación en una lista de proyectos de ley que pueden ser aprobados antes del receso que inicia esta semana.

“Esto es un gran problema. Se obtienen bienes y servicios legítimos de un lado a otro (de la frontera) más rápido. En un escaso ambiente de recursos federales, se tiene que trabajar con el sector privado y los municipios para satisfacer las necesidades”.

La legislación permite que las entidades no federales paguen los gastos del personal a tiempo completo, así como las horas extras, que abarcan servicios que van desde la aduana y la transformación agrícola, hasta la seguridad fronteriza y el transporte.

Los proyectos de ley también eliminan los obstáculos al pago de las instalaciones fronterizas.

En el marco de proyectos piloto, las empresas han financiado la construcción de edificios de refrigeración para proteger los productos que podrían verse amenazados por retrasos en el cruce de México hacia Estados Unidos.

Un informe del Comité de Seguridad Nacional que acompaña a la legislación señaló que menos de la mitad de los 2 mil nuevos funcionarios del CBP autorizados hace dos años, han sido contratados. Esto ante la falta de recursos.

El Paso se encuentra entre las ciudades fronterizas que han aprovechado los acuerdos de servicios iniciales, reembolsando a CBP más de 3 millones de dólares del dinero recolectado a través de peajes de quienes circulan entre El Paso y Ciudad Juárez.

Pero la ciudad dice que el retorno de su inversión ha sido de 10 a 1 para el tráfico comercial, sin contar el aumento de las compras mexicanas, que representan el 15% de las ventas minoristas de la ciudad.

Orillados a ‘sufrir’

Sam Vale, cuya compañía es propietaria del puente Starr-Camargo, que une a Rio Grande con Camargo, Tamaulipas, forma parte de un consorcio que incluye 12 puentes internacionales y apoya la legislación.

Recordó un acuerdo para pagar personal adicional durante horas especialmente ocupadas, que redujeron las esperas de cuatro a una hora en los puentes binacionales.

“No es que nadie en Texas esté a favor de pagar lo que el Gobierno federal debe, por todos los derechos, financiarse, pero cuando tenemos la opción de no hacer negocios o reducir el negocio y subir el muro, haremos lo necesario para mantener los negocios”, dijo. (Con información de San Antonio Express News)