Los cambios en el Gabinete estatal de las últimas semanas responden a la urgencia de renovar alianzas, evitar rupturas y atraer lealtades. Todo con el fin de asegurarle al PRI un resultado favorable en las elecciones de Gobernador de 2023. Procedentes de grupos políticos distintos y a la vez convergentes, Francisco Saracho, Manolo Jiménez y Claudio Bres, secretarios de Educación, Desarrollo Social y Economía, respectivamente, han sido diputados y alcaldes (el tercero incluso por Morena). El nuevo consejero jurídico del Gobierno del Estado, Valeriano Valdés, fue presidente del Tribunal Electoral que en 2017 ratificó el triunfo de Miguel Riquelme después de haber sido impugnado por el PAN y Morena. En la misma línea está el exalcalde panista de Monclova, Alfredo Paredes, cuya tarea de peón consiste en empujar la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD) para enfrentar a la aplanadora guinda.

Luego de estar en un tris de perder la gubernatura, y de lidiar, en la primera mitad de su Gobierno, con un Congreso de mayoría opositora, aunque sumiso al poder, Riquelme ajustó el aparato electoral: pactó con el PAN, con algunos sectores de Morena y con otros partidos; cedió posiciones al sector privado y reconstruyó los puentes dinamitados por su predecesor. Los resultados se observaron en las siguientes elecciones: en 2018, el PRI ganó la mayoría de las diputaciones federales; en 2019, se hizo con los 16 distritos y recuperó el mando de la Legislatura; y en 2021, recuperó las alcaldías de Torreón y Piedras Negras donde Bres quiso reelegirse bajo las siglas de Morena.

Riquelme pudo superar la crisis poselectoral de 2017, asumir el control político y manejar al día de hoy la sucesión sin sobresaltos por la concurrencia de otros factores: 1) el vacío mediático en temas sensibles para la población como la megadedua, las masacres en Allende y Piedras Negras, las desapariciones forzadas y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en los Gobiernos precedentes; 2) los acuerdos con los poderes fácticos; 3) la renuncia de los partidos a ser oposición; 4) la apatía y desarticulación ciudadana para exigir castigo por los atracos impunes del moreirato; y 5) la falta de liderazgo de Morena y su ausencia de la arena política estatal.

Igual que Humberto y Rubén Moreira, Riquelme le ha dado patente de corso a su delfín, pero, a diferencia de aquellos, tiene otras piezas hábiles en su tablero. No es la primera sucesión adelantada, pero puede ser la tercera pactada para imprimirle continuismo al moreirato. En tal caso, estaríamos frente a un Gobierno transexenal —de 24 años— cuyo enlace es la deuda y el interés de mantenerla alejada de cualquier investigación, capaz de romper el cerco de impunidad formado por el Congreso, el Sistema Estatal Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado. El relevo gubernamental de 2023 se apega al mismo guion de los anteriores: señalar con antelación al favorito y alinear a todas las fuerzas en esa dirección.

Sin embargo, no es lo mismo enfrentar a un partido anquilosado como el PAN, que a uno en crecimiento. En las elecciones federales de 2021, el PRI obtuvo 514 mil 291 votos en Coahuila, y Acción Nacional 189 mil 229. Morena y sus aliados (PT y Verde) rozaron los 490 mil. La diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de apenas 27 mil papeletas. El PAN está hoy más lejos que nunca de la gubernatura; pero el PRI, sin el voto azul, corre peligro. El salvavidas es la coalición PRI-PAN-PRD. La preocupación del Gobernador es Morena. Si los diputados del PRI apoyan la reforma energética del presidente López Obrador, como se anticipa, el costo se pagará en las urnas.