En los últimos sexenios México ha incrementado el recurso público que gasta en programas sociales, a fin de elevar el bienestar y redistribuir el ingreso hacia quienes se encuentran más agraviados económicamente. Aunque luego de analizar los resultados en la materia creo que ningún Gobierno, aunque existan avances claro está, ha cumplido satisfactoriamente sus objetivos, incluso esto ha disminuido el potencial económico del país. Un ejemplo de ello lo podemos ver en la seguridad social. El sistema mexicano comprende un conjunto amplio de prestaciones, que incluyen atención a la salud, vivienda, guardería e indemnización por despido, además de varios tipos de pensiones.

Sin embargo esto cubre solo a trabajadores asalariados, los trabajadores por cuenta propia o los informales están excluidos. Esta maquinación gubernamental genera un dilema para el Gobierno: dejar sin cobertura de determinados riesgos a millones de mexicanos o brindársela mediante una serie de programas paralelos “programas sociales”, sacrificando la productividad y el crecimiento del producto interno bruto.

En México, la combinación de programas de seguridad y protección social segmenta el mercado de trabajo en dos, el formal y el informal; induce a trabajadores y empresas a buscar empleo e invertir en actividades informales que a final de cuentas detienen el aumento de la productividad , da grandes beneficios e incentivos a trabajadores y empresas, pero no reduce las desigualdades en la distribución del ingreso. A final de cuentas creo que es la propia política pública social la que causa la informalidad en nuestros país y es esta informalidad la que reduce la productividad del trabajo, del capital y la tasa del crecimiento.

Es urgente que el Gobierno federal y en las entidades, escapen de este dilema entre la formalidad-informalidad. Se requiere de un modelo que brinde prestaciones a todos los trabajadores en general y cumpla más eficientemente los objetivos sociales de los gobiernos. Debe haber un cambio profundo en el alcance y financiamiento de la seguridad social, ¡y ese cambio tiene que realizarse en el contexto de una estrategia integral en política social y económica!

Es común que en los análisis de los programas sociales se ignore el impacto de estos sobre el crecimiento y la productividad, porque ambos factores se encuentran relacionados con la política económica y no social. Una visión que se enfoque solamente en qué tan efectivos son los programas sociales sin considerar los objetivos económicos del Gobierno es evidentemente insatisfactoria.

Los programas sociales en México, existen por que el Gobierno tiene objetivos sociales y, como todos lo sabemos, también electorales, evaluar esos programas ignorando su razón de ser es una pifia evidente. Pero también lo contrario es cierto: no es correcto considerar solamente el cumplimiento de las metas sociales de determinados programas ignorando su impacto en la productividad y el crecimiento.

Los programas sociales también tienen efectos económicos sobre las empresas y los trabajadores. Ignorar sus dimensiones económicas perjudica tarde o temprano a los hogares que reciben la despensa, la leche, el huevo, la beca, el dinero en efectivo, etc. Una visión meramente “social” o “electorera” de los programas sociales es tan incompleta como tener una visión solamente económica.

En términos generales, la disyuntiva que viven los gobiernos de nuestro país es que la política pública social brinda a varios millones de mexicanos trabajadores, seguro de salud, pensión, créditos, indemnización por despido y cobertura contra otros riesgos, mientras que el doble de mexicanos, en el mejor de los casos, recibe una cobertura parcial contra alguno de esos riesgos, por ejemplo en salud algo de medicamento, créditos a la palabra con montos pequeños, beca para sus hijos, etc.

En cuanto al combate a la pobreza, los trabajadores económicamente agraviados ya incorporados a “chambear” son inducidos a empleos informales de baja productividad con pocas perspectivas de mayores salarios reales. Además de lo incompatible de incentivos entre programas de seguridad social y protección social, por un lado, y entre los programas como lo fue Oportunidades, Progresa y hoy Bienestar, por el otro, esto implica que los beneficios esperados a mediano plazo de estos programas puedan perderse parcialmente.

A medida que aumente el número de trabajadores informales y de programas sociales, nos costará más como país. Porque el crecimiento económico no va a eliminar la informalidad, pero sí será más lento a causa de ella. esta disyuntiva define en pocas palabras la imperante necesidad de reformas en materia de combate a la pobreza, reformas que consideren la parte social, pero también la del crecimiento económico.

A final de cuentas hay especialistas que sostienen que la informalidad no es ni debe ser un estado natural permanente ni una característica inherente a la economía de México. La informalidad resulta de la política pública fallida y puede ser cambiada por una mejor política pública.

Muchas veces es confuso y frustrante que un área tan sensible como es la política social, los fines electorales terminen causando tanto daño a nuestro país. y en el mejor de los casos, como dijo Santiago Levy, que las buenas intenciones den malos resultados.