Por enésima vez durante su gestión, el viernes estuvo en Coahuila el Presidente de la República, esta vez para supervisar lo que sea se esté haciendo en Pasta de Conchos y El Pinabete, ambas minas que acabaron en tragedia para la Región Carbonífera, una en 2006 y otra en 2022.

Desde hace años que ya no viaja por carretera –mucho menos en avión comercial– ni multitudes le reciben con vítores en el estado (en honor a la verdad, sólo en La Laguna sucedió eso algún día, en los albores del sexenio). La soledad del poder le carcome más allá de su círculo de influencia en su sexto año de ejercicio, pese a la polarización y el aparato de propaganda y desinformación en que sustenta su mandato. Un Gobierno de púlpito y chequera, simbolizada en las transferencias de efectivo como política pública única.

También es cierto que para Coahuila en su Administración sólo cristalizó Agua Saludable para La Laguna, inaugurada sin funcionar en la víspera de Navidad, y un puñado de obras urbanas de la Sedatu con sobrecosto en la Región Norte y Carbonífera, anteriormente revisitadas en este mismo espacio.

Nada hubo, salvo recortes presupuestales en términos prácticos, para el séptimo estado con mayor aportación al Producto Interno Bruto del país. El daño está hecho.

Pasta de Conchos, en ese sentido, representa el simbolismo. Hacer lo que otros no, y comunicarlo. O simular hacer, por lo menos. Y comunicarlo, por supuesto.

Aunque la realidad sea otra. El 9 de marzo del año anterior, durante una reunión en Nueva Rosita con la entonces secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, y Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, acompañada por el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, este último comentó en tono de burla: “esas ya no van a venir”, como respuesta a las críticas acerca de que la espera ha sido tan grande que cinco viudas de los mineros han muerto ya desde que inició el “rescate”.

Un tema que, más allá de los primeros meses posteriores a la conflagración, donde hubo interés general y atención en la opinión pública, no convoca, no indigna, no irrita.

Por el contrario, genera más animadversión en este momento la iniciativa de los familiares de los 63 mineros atrapados en el accidente, acerca de pedir mil 540 millones de pesos por daño moral, dada a conocer a mediados de enero (35 millones por cada uno de los 44 deudos que se sumaron a la demanda colectiva contra la empresa Grupo México, responsable de la mina, según el expediente 506/2023).

Lo anterior representa un acicate a lo políticamente correcto que suponía el “rescate”. Curiosamente la cifra solicitada es exactamente la misma que ha destinado al rescate de mineros el Gobierno federal: mil 540 millones de pesos entre 18 contratos, el primero del 28 de diciembre de 2020, y el último del 14 de febrero de 2023, por conceptos que van desde “asistencia técnica” y “procesamiento de datos”, hasta “vigilancia” y “agua”.

Y hace pensar, por lo demás, que no era la causa social sino el negocio particular. O tal vez lo fue al inicio y se pervirtió, dándoles el beneficio de la duda.

Originalmente se proyectaba concluir el “rescate” el 23 de diciembre de 2023 sin embargo ya fracasó. Ahora sólo queda la necropolítica; o sea lucrar con los muertos. La estrategia del régimen populista-militarista, al desnudo: generar expectativas a futuro, nunca aterrizar en el presente, culpar al pasado.

La promesa de un decreto y un fideicomiso tienen en este momento el valor que López Obrador ha justipreciado con otros decretos y fideicomisos que no le han favorecido a sus fines.

¿Qué está financiando en realidad? ¿A dónde están yendo los millones destinados en el papel a reparar un supuesto daño icónico?

Cortita y al pie

Si la voluntad del Gobierno federal por la no repetición fuese genuina, el modelo de negocio que perpetúa la Comisión Federal de Electricidad ya hubiese sido modificado en su oportunidad.

El Pinabete, por ejemplo, ocurrido en agosto de 2022, es consecuencia de la misma política que no sufrió alteraciones con la “transformación”.

No sólo se mantiene igual, hay agravantes: la familia más favorecida por las adjudicaciones de carbón, los Flores Guerra, es la misma que, bajo el emblema de Morena y el PT, aspira a todos los cargos públicos que se atraviesen cada proceso electoral.

La última y nos vamos  

A un mes de que Pasta de Conchos cumpla 18 años, la mayoría de edad, este artículo probablemente pasará de largo pues a nadie interesa el caso.

No por ello debemos dejar de lado el rescate sin rescate. Una joya más del sexenio kafkiano y surrealista que vivimos.