A lo largo de la historia las mujeres hemos ido avanzando de manera paulatina en el acceso a nuestros derechos. Poco a poco fuimos conquistando espacios hasta lograr la igualdad ante la ley, lo que hoy día ha obligado a que los partidos políticos deban postular a mujeres en el 50% de sus candidaturas para un cargo de elección popular.

Si bien este logro significativo ha permitido que hoy día tengamos una representación histórica en el Congreso de la Unión con 42.6% de diputadas y 38.2% de senadoras, aún sigue existiendo una asignatura pendiente para alcanzar la igualdad, se trata de la violencia política de género.

La violencia política contra las mujeres son los actos u omisiones por medio de los que se acosa, coacciona, ridiculiza, discrimina, etcétera, a una mujer, con el propósito de limitar o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Son muchos los casos de mujeres a las que no se les ha permitido competir por un cargo de elección popular, a quienes habiendo ganado se les trata de obstaculizar en el cumplimiento de su deber o bien, las candidatas a quienes se trata de desprestigiar por el hecho de ser mujer.

En días pasados aprobamos en la Cámara de Diputados un paquete de reformas en materia de violencia política de género, dentro de las que se encuentra una iniciativa que presenté en noviembre de 2016.

Estas reformas permitirán visibilizar este problema que hoy día siguen enfrentando las mujeres, prevenirlo y sobre todo castigarlo, para que el hecho de ser mujer no sea un factor que coarte el acceso a nuestros derechos.

Cualquier mujer es capaz de ser madre, hija, estudiante o profesionista y al mismo tiempo desarrollarse en el ámbito político. Si algo hemos demostrado históricamente es que tenemos la capacidad para trabajar muy duro por lo que creemos, especialmente por nuestras familias y por la propia sociedad.