He leído o escuchado en días recientes dos vaticinios sobre el desenlace del proceso de consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá sobre el T-MEC, ambos extremos y en mi opinión equivocados. El primero pronostica un escenario catastrófico: el 16 de septiembre López Obrador denunciará el Tratado, o amenazará con derogar el mismo, o en todo caso recurrirá al bluff con Biden, repitiendo lo que Trump le hizo a Peña Nieto. El otro presagio es, al contrario, altamente optimista. Prevé una resolución expedita, amistosa y eficaz al conflicto, que incluso evitará la formación del panel de solución de controversias.

La posibilidad de la salida del T-MEC descansa en una premisa sensata. En vista del error o el engaño cometido por el negociador lopezobradorista con los norteamericanos, y de la sustancia de la demanda de Washington, no existe mucho margen para que el Mandatario mexicano recule. La Representante de Comercio (USTR) estadunidense ha planteado que la propia Ley de la Industria Eléctrica es en sí violatoria del tratado, y formuló su denuncia basándose en el capítulo de controversias entre Estados.

La única opción para México sería retirar la ley, y López Obrador no lo va a hacer. Si ya anunció una respuesta patriotera, y carece de margen para retroceder, no le quedará más que invocar la disposición del Tratado relativa a la salida del mismo por cualquiera de las partes. Se encuentra en el artículo 34.6, y contempla un aviso escrito con seis meses de anticipación. En todo caso, AMLO recurriría a la amenaza de la rescisión, para ver si Biden se dobla, como lo hizo el propio López Obrador con Biden en materia migratoria. Pero lo más probable es que el norteamericano le responda así: “Lo lamento mucho, pienso que sería preferible para ambas partes seguir el camino de la solución de disputas previsto en el tratado, pero si esa es su decisión, espero su aviso por escrito, y dentro de seis meses permaneceremos nosotros y Canadá en el USCA (antes USMCA)”.

El arreglo por las buenas y sin llegar al panel, en el plazo de 75 días (15 de los cuales ya han transcurrido) tampoco es probable. Lo lógico sería que México le formulara un planteamiento como el que sigue a Estados Unidos: “Miren, ustedes saben que las leyes en México no importan. Nunca han importado. Si eso quieren, nosotros nos haremos tontos con la LIE y simplemente no la aplicaremos, al igual que muchas otras leyes que aquí no se aplican. No se preocupen. Pero no me humillen pidiendo que la retire”. El problema es que la tradicional discrecionalidad mexicana ya no es aceptable para Washington, por haberse salido de las manos el conflicto energético. En el fondo, esto es lo que propuso el ingenuo embajador Salazar, el verdadero responsable de todo el desaguisado.

En efecto, Salazar convenció a López Obrador que él arreglaba el asunto con Biden, y a Biden que él arreglaba el asunto con López Obrador. Lo haría resolviendo caso por caso las quejas presentadas por las empresas estadunidenses de energía. Solo que USTR no aceptó este procedimiento, justamente por su carácter discrecional. Salazar podía arreglar algunos litigios ahora, pero ¿qué sucedería más adelante? El enviado se quedó como el perro del hortelano o, mejor dicho, como el cohetero: mal con todos.

Mi impresión es que, aunque técnicamente los expertos mexicanos en esta materia afirman que existen soluciones sin llegar al panel, López Obrador no las va a aceptar. Quedó ciscado con las baratijas que le vendió Seade en agosto de 2018, y no está dispuesto a cambiar de idea. Como me dijo un observador calificado, AMLO escucha a los que no entienden (Ebrard y Velasco), y no escucha a los que sí entienden (Luz María de la Mora). Si tuviera que apostar, lo haría en el sentido de que sí habrá panel, y que allí perdemos. Lo sabremos dentro de dos meses. Si me equivoco, espero que se les olvide mi apuesta a los lectores.