Ciudad de México.– La Suprema Corte de Justicia registró hoy un empate que le impidió resolver si desecha una controversia que mantiene bloqueada, desde abril, la entrega de datos del caso Pío López Obrador al Instituto Nacional Electoral (INE).

La Segunda Sala de la Corte tuvo dos votos a favor de desechar por improcedente la controversia, promovida por la Fiscalía General de la República (FGR), y dos votos en contra, por lo que un Ministro o Ministra de la Primera Sala tendrá que ser designado para romper el empate.

Lo anterior, porque la quinta integrante de la Segunda Sala, Loretta Ortiz, está impedida para participar, ya que está casada con José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).

La FGR impugna en esta controversia una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordenó compartir con el INE la carpeta de investigación que abrió contra el hermano del Presidente de la República, tras la difusión en 2020 de videos donde recibe dinero en efectivo de parte de un operador del ex Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

La Ministra Yasmín Esquivel admitió a tramite la controversia el pasado 19 de abril, y concedió una suspensión para que la FGR no entregue los datos a la Unidad Técnica de Fiscalización de INE, que los requiere para procedimientos de responsabilidad por infracciones a leyes electorales.

Esquivel también ha admitido controversias similares de FGR contra órdenes del TEPJF en los casos de supuestas aportaciones ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, a la campana presidencial de Enrique Pena Nieto, y para gobernador del mexiquense Alfredo del Mazo; y en otro, por supuestas transacciones ilegales de Movimiento Ciudadano en Baja California.

Ante una reclamación del INE, el Ministro Alberto Pérez Dayan propuso hoy desechar la controversia de FGR en el asunto de López Obrador, pero solo Luis María Aguilar votó a favor, con voto en contra de Esquivel y Javier Laynez.

Pérez Dayan considera que hay múltiples razones para desechar esta controversia.

Primero, porque la Constitución establece que las sentencias del TEPJF son definitivas e inatacables, y por tanto no pueden ser revisadas por la Corte.

Segundo, porque las controversias constitucionales en general no proceden contra actos de tribunales que forman parte del Poder Judicial de la Federación, como el TEPJF.

Además, porque los actos motivo del litigio son de naturaleza electoral, y el artículo 105 de la Constitución expresamente indica que las controversias no proceden tratándose de esta materia.

Para las controversias de los casos Odebrecht y MC es previsible que la Segunda Sala también requerirá voto de desempate de algún integrante de la Primera Sala.

La FGR alega que, con sus órdenes, el TEPJF invade atribuciones exclusivas del Ministerio Público, mientras que Esquivel ha sostenido que los órganos electorales no tienen facultades Constitucionales para pedir datos de carpetas de investigación.