Desde hace mucho tiempo, quizá desde mediados del siglo 19, se han acuñado frases sencillas, pero que ilustran con claridad meridiana la compleja relación política entre México y Estados Unidos, aquí dos: “México es el traspatio de los Estados Unidos” y “México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”. Por supuesto que la diplomacia mexicana a lo largo de la historia ha tenido altibajos con el vecino del norte: en algunos mandatos presidenciales se ha logrado respetar la relativa soberanía nacional, como en los periodos del general Cárdenas o de Adolfo López Mateos, y en otros se ha cedido sumisamente sus derechos ante el “imperio yanqui”.
A raíz del reciente y desbordado éxodo de migrantes centroamericanos y del Caribe hacia Estados Unidos con su paso obligado por territorio mexicano, se elaboró unilateralmente (por parte de EU) el programa fronterizo Quédate en México, instaurado en 2019 e interrumpido temporalmente, pero hace algunos días lo volvió a reactivar el presidente Joe Biden, quien al inicio de su Administración lo había suspendido. Es un programa dirigido a la población migrante que busca asilo estadunidense y que permanecerá en territorio mexicano mientras espera la fecha de su cita con algún juez estadunidense, con la posibilidad de que pueda ser aceptado legalmente en ese país, por la situación en que se encuentra.
La cancillería mexicana aceptó de manera transitoria tal “acuerdo” y se comprometió a no deportar a ese sector poblacional; mientras, pidió a cambio recursos económicos para costear desde albergues hasta vacunas contra Covid-19, que protejan a los migrantes. Guardando las distancias y proporciones, es algo parecido a lo que hizo Estados Unidos en Cuba, hace algunas décadas, construyendo una base naval y más tarde una prisión de alta seguridad (2002) en Guantánamo.
¿Qué implica para los gobiernos estatales, municipales y sociedad este tipo de acuerdo? Se pueden enumerar algunas consecuencias sociales, por supuesto, sin agotarlas. Aunque no se estipula la permanencia del programa en el acuerdo firmado entre los dos países, el tiempo de espera de los que buscan asilo se puede alargar, ya que se debe cumplir con un protocolo determinado por EU para recibirlos como asilados, esto es, no es suficiente solo la cita, se requiere gestoría de especialistas en el ramo que lleven los casos, y mucha de la población carece de ella.
¿Y en el caso de que sean rechazados volverán a nuestro país, y de allí serán repatriados a sus lugares de origen? Han sido algunas de las preguntas que se han hecho los residentes de las ciudades fronterizas de Baja California, Coahuila y Tamaulipas, quienes viven directamente la interacción con las caravanas migrantes, sin considerar a las poblaciones del sur, que es la puerta de entrada de los “expulsados” al país.
Integración o xenofobia. Aunque ya existe un caso documentado que se está dando en Tijuana, en donde una fracción de migrantes formó una colonia o comunidad, que trata de integrarse a la vida cotidiana por medio del trabajo y cumplimiento de la ley, ojalá este ejemplo se repitieran a todo lo largo de la frontera norte; infortunadamente, las probabilidades han sido muy bajas, la evidencia lo denota. Desde 2019 se han reportado alrededor mil 500 casos de ataques contra los migrantes, desde secuestros hasta homicidios (Fuente: HRF). Y por otro lado, puede llegar el hartazgo de la población mexicana y nacer un sentimiento de rechazo a los llegados de otros países, provocando un conflicto social al verlos deambular por las calles sin un empleo y viviendo de la caridad pública.
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