Ciudad de México.- El INE ha recibido 12 denuncias de ciudadanos y organizaciones en las que exigen quitar el registro a una veintena de candidatos, por incumplir el artículo 38 constitucional.

Este lunes, el organismo electoral cerró el primer bloque de denuncias, las cuales serán investigadas, y si cuentan con sentencias firmes por los 10 supuestos, en caso de ganar, perderán su triunfo.

Los consejeros flexibilizaron las fechas, por lo que organizaciones y ciudadanos podrán seguir presentando sus denuncias hasta después del 1 de junio, pero con la advertencia de que el 13 de junio la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación tendrá el dictamen.

El 15 de junio, el Consejo General emitirá la declaratoria de validez e informará qué candidatos pierden su triunfo, por recaer en el 38 constitucional.

Dicho artículo establece que un ciudadano mexicano pierde sus derechos o cualquier prerrogativa cuando tengan una orden de aprehensión o una declaratoria de suspensión de derechos políticos-electorales.

Así como tener sentencia firme por delitos contra la vida o la libertad, violencia familiar, doméstica, sexual o política, o ser deudor alimentario.

Este 12 de mayo también concluyó el plazo para que los 3 mil 398 candidatos presenten al INE una carta en la que protestan no haber incurrido en dichos supuestos.

Dicha carta deberá aparecer en el sistema “Candidatas y Candidatos ¡Conóceles!”.

Además del certificado de no deudor alimentario, emitido por el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

Las entidades en donde no exista dicho Registro, los candidatos deberán presentar la constancia que emita el registro local de la entidad, y la Secretaría Ejecutiva requerirá la información sobre la situación actual.

El protocolo de actuación establece que la Secretaría Ejecutiva pedirá a las autoridades correspondientes información para verificar que existen sentencias firmes por el 38 constitucional, y pedirán responder en menos de 48 horas.

También dará un plazo de tres días para que los candidatos respondan a las acusaciones, y, de ser necesario, presenten pruebas.

La Secretaría Ejecutiva, en coordinación con la Unidad Técnica de Igualdad de Género y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, revisarán todas las evidencias documentales que remitan las partes involucradas.

“A partir de esta revisión, elaborarán el informe de posibles hallazgos con perspectiva de género, correspondiente al primer corte de información”, añade el protocolo.