México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, que se investigue al personal militar involucrado por omisión en un accidente con material explosivo.

En su recomendación 57/2008, recordó que en dicho caso murieron 28 personas y 131 resultaron lesionadas tras el choque de una camioneta con un vehículo que transportaba 25 toneladas de material explosivo, y que no fue supervisado por personal adscrito a las Zonas Militares 6/a y 20/a.

También generó daños materiales a diversos inmuebles y a 55 vehículos, así como la destrucción de la carpeta asfáltica y provocó un cráter de 25 metros de diámetro y 2.5 metros de profundidad.

Ante ello, la CNDH solicitó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar vista a la Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para que investigue al personal militar involucrado por las omisiones en que incurrió.

Asimismo que se instruya a la Dirección General de Registro de Armas de Fuego y Explosivos a efectuar inspecciones físicas previas a la autorización de transportación de materiales explosivos y a los itinerarios de transportación.

Así como a los permisos generales que en esta rama tenga vigentes la Sedena, con la finalidad de verificar y actualizar las disposiciones contenidas en dichos permisos en cuanto al control y vigilancia de material explosivo.

Se le pide igualmente que se emita un marco normativo que establezca el mecanismo a seguir para que las empresas que vendan, compren o transporten material explosivo avisen sobre cada traslado de los materiales que manejan.

Recomienda también que se establezcan rutas, horarios y días para la transportación de materiales explosivos, que minimicen los riesgos para la población y garanticen la inmediata reacción de los cuerpos especializados de auxilio, en caso de ocurrir un accidente.

A las 20:30 horas del 9 de septiembre de 2007 explotaron 25 toneladas de ANFO (amonio-nitrato-aceite o diésel) que un camión transportaba en el kilómetro 37.3 de la carretera federal Monclova-Cuatro Ciénegas, en el ejido Celemanía, municipio de Nadadores, Coahuila, donde generó una onda expansiva de 10 hectáreas.

Con motivo de estos hechos, la CNDH inició el 14 de septiembre una queja de oficio y se solicitaron informes a las dependencias gubernamentales relacionadas con el caso.

Como resultado de la investigación se estableció que la Sedena, en sus Zonas Militares 20/a y 6/a, el 7 de septiembre recibió de la empresa Explosivos Mexicanos ORICA, S.A de C.V, la solicitud de transporte de las órdenes de compra 014887 y venta 16248, de fecha 5 de julio de 2007.

Destacó que el informe que remitió la Sedena a la CNDH señala que la autoridad castrense estaba informada del traslado del material explosivo y que otorgó su autorización al respecto, así como que su personal no supervisó el embarque del producto.

Asimismo la autoridad militar reconoce que no cuenta con rutas, horarios ni días previamente establecidos para la transportación de materiales explosivos, ni existe un límite para la cantidad a transportar del mismo, salvo la capacidad del vehículo.

La Comisión observó que el personal de la Sedena adscrito a la 6/a Zona Militar no cumplió las obligaciones encomendadas para la supervisión y control del material explosivo, ya que no verificó las condiciones en que se realizaría su transportación.

Del análisis lógico jurídico de los hechos y evidencias, la CNDH aseguró que quedó acreditado que fueron vulnerados los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica en agravio de los habitantes del municipio de Nadadores, así como de las personas que transitaban por el lugar cuando sucedieron los hechos.