Ciudad de México.- Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), calificó de ‘inconcebible’ la acusación contra científicos e investigadores del Conacyt.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra 31 académicos del Conacyt por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Ante “este despropósito; por esta acusación inconcebible d asociación delictuosa, debemos manifestarnos…”, expresa el rector de la @UNAM_MX , Enrique Graue y fija postura en defensa de los académicos perseguidos por la @FGRMexico , uno de ellos integrante de la Junta de Gobierno pic.twitter.com/NyRK7zrEQg

— Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 22, 2021

Al iniciar la Ceremonia de Cancelación de la Estampilla Postal por los 100 años del Escudo y Lema de la UNAM, el rector Graue Wiechers señaló como un despropósito la acusación contra los académicos.

A nombre de la Máxima Casa de Estudios el rector externó su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia.

Palabras del #RectorGraue, durante la ceremonia conmemorativa por los 100 años del lema y escudo universitarios, que se celebró el día de hoy. pic.twitter.com/TLjztRjUf5

— UNAM (@UNAM_MX) September 22, 2021

Añadió que “creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía con un respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados”.

Finalmente el Dr. Enrique Graue indicó que se mantendrían atentos al caso.

Hasta el momento, un juez federal negó, en definitiva, girar órdenes de aprehensión contra 31 científicos e investigadores del Conacyt.

Juez rechaza girar órdenes de aprehensión contra 31 investigadores del Conacyt por delincuencia organizada

Caso Conacyt

El caso se remonta a 2019 cuando Conacyt decidió cancelar el financiamiento que se otorgaba al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.

La dirección de Conacyt argumentó que el Foro realizaba funciones que ya estaban a cargo del Consejo y que no tenían por qué adjudicarse a terceros, además de que presumió irregularidades en la asignación de recursos.

En respuesta, Foro Consultivo Científico y Tecnológico promovió un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que fue desechado.

Sin embargo, los ministros de la Corte determinaron que el financiamiento al Foro se realizó al amparo del marco legal que existía en aquel momento.

Conacyt acusó entonces que entre 2013 y 2018 se implementó un esquema a través del Foro para recibir alrededor de 200 millones de pesos “para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores”.

Señaló que el dinero también fue “para sufragar gastos relativos a telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, seguimiento legislativo, servicio de bocadillos y otros”.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el presupuesto excedió lo necesario para el cumplimiento de las funciones del Foro.

La asociación civil se defendió entonces señalando que “en el último año y medio se invirtió 0.36 por ciento en telefonía celular; 0.67 por ciento en bocadillos; 7 por ciento en servicios generales; 18.92 por ciento en servicios personales para la administración y operación, y 70.7 por ciento en el desarrollo de proyectos”.

No obstante, Conacyt denunció a 31 científicos e investigadores, que encabezaban los Comités Técnicos de Administración (CTA), a través de los cuales se aprobaban los proyectos que a su vez, se asignaban al Foro.

“ Esas autorizaciones existieron, pero se realizaron al amparo de la ley. No hay ningún origen ilícito de los recursos. El dinero se aprobó siguiendo los procedimientos adecuados. No es dinero que pasó por nuestras manos ni hay recursos escondidos en cuentas secretas personales o propiedades, ni riquezas inexplicables. Eso se puede verificar si lo indagan”, dijo uno de los académicos denunciados a Animal Político.

La Fiscalía General de la República atrajo el caso y en agosto pasado oficiales de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEDO) comenzaron a visitar a los investigadores denunciados para verificar su domicilio y notificarles de la existencia de una investigación penal en su contra.

Con información de López-Dóriga Digital y Animal Político