San Antonio.- Una redada realizada en San Antonio, Texas, el pasado 16 de noviembre dejó a más de 140 personas detenidas, aunque únicamente 25 registran antecedentes penales, según información difundida por la oficina local del FBI. Se trata del primer reporte oficial con detalles sobre el operativo efectuado en un predio donde operaban puestos de comida y un espacio usado para fiestas clandestinas, de acuerdo con autoridades.

El FBI no reveló la lista de detenidos, pero precisó que la mayoría son venezolanos —98 en total— además de hondureños, mexicanos, cubanos y personas de otras nacionalidades latinoamericanas. El operativo se llevó a cabo alrededor de las 3:00 de la madrugada y los arrestados fueron trasladados a instalaciones del ICE.

Las autoridades afirmaron que 50 de los detenidos serían miembros “confirmados” del Tren de Aragua, aunque no proporcionaron evidencia adicional sobre la supuesta relación con la organización. Del total, solo 25 tienen historial delictivo: 13 por delitos federales y 12 por faltas menores.

Este operativo se inscribe en la estrategia del Gobierno de Donald Trump para aumentar los arrestos de personas migrantes. Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado patrones de detención “sin respeto por los derechos humanos” y el incremento en arrestos de personas sin antecedentes o con estatus legal.

En ciudades como Chicago, Charlotte y Boston se han registrado acciones similares, donde se ha detenido incluso a personas con residencia legal como parte de la expansión de fuerzas federales.

La redada en San Antonio también generó cuestionamientos de legisladores demócratas. El congresista Joaquín Castro difundió la orden judicial que autorizó el operativo, en la que un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) reportó meses de investigación apoyada en un testigo confidencial, quien aseguró que en el local se vendía droga y se realizaban fiestas con presencia de presuntos integrantes del Tren de Aragua.

Castro criticó la falta de transparencia del Gobierno federal. Organizaciones como American Gateways advirtieron que estos operativos alimentan el miedo en comunidades latinas. La abogada Laura Flores-Dixit señaló que varios detenidos —jóvenes entre 20 y 24 años— fueron enviados a distintos centros de detención y que el Gobierno mantiene un patrón de asociar a migrantes con el Tren de Aragua sin pruebas.

Gobiernos y ONG han documentado casos en los que migrantes venezolanos han sido enviados a El Salvador o Guantánamo bajo acusaciones no respaldadas, en lo que organizaciones como Amnistía Internacional califican de detenciones arbitrarias.