Por Mike Castillo y Óscar Felipe

Prensa Libre | Chiapas.- Casi 20 años después de la firma de los Acuerdos de Paz, al menos 91 familias permanecen aún refugiadas en seis comunidades de La Trinidad, Chiapas, México, donde viven en la miseria y olvidados por el Estado, en covachas construidas de madera, piso de tierra, techo de lámina y sin acceder a los servicios básicos.

El 18 de julio de 1982 los pobladores de Yalambojoch, Yushquén, El Aguacate y Yalcastán, Nentón, Huehuetenango, abandonaron sus tierras y caminaron hasta cruzar la frontera para llegar a México, donde permanecen desde hace 34 años.

Un día antes, el Ejército incursionó en el área y según el caso ilustrativo número 18 del informe Guatemala, memoria del silencio, elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), los militares reprendieron a la población y arrasaron con varias de las comunidades, debido a que en la zona existían tres campamentos del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).

Es el último grupo de refugiados del conflicto armado interno, —1960 a 1996— y desde el 2013 comenzaron el proceso para retornar al país, aunque afrontan inconvenientes porque el Fondo de Tierras (Fontierras) entregó sus terrenos a campesinos que se asentaron en Yalcastán Buena Vista y Yalcastán La Ciénega.

El Gobierno les ofreció comprar una finca en Chiquipur, Chisec, Alta Verapaz, aunque esa promesa no se ha cumplido.

Viven en abandono

Prensa Libre visitó las comunidades de guatemaltecos en La Trinidad y constató el abandono y la pobreza en la que viven unas 540 personas, pues sobreviven del trabajo que efectúan para mexicanos, que por un día laboral les pagan 70 pesos (Q29.48).

“La vida que llevamos da pena. No sé si al Gobierno de Guatemala no le da vergüenza —por el abandono—”, lamenta Pascual Tórrez Tórrez, quien añadió que las autoridades mexicanas tienen programas de ayuda, pero solo para sus ciudadanos.

Juana Tórrez Martín, de 60 años, cuenta que todos los días se levanta a las 5 horas a preparar la comida para salir al campo junto a su esposo.

“Lo poco que podemos hacer (trabajo de campo), es muy mal pagado”, señaló.

Diego Tórrez Tórrez, otro refugiado, dijo que está cansado de alquilar terreno para la siembra de maíz, pues cada año debe pagar dos mil pesos (Q842.18).

Los campesinos cuentan que rentar una hectárea de tierra cuesta mil pesos (unos Q421) y deben pagar 800 pesos (Q336.87) por tres varas de leña (aproximadamente dos metros cúbicos).

Además, el empleo es escaso y las fincas vecinas, cuando saben que son guatemaltecos los “explotan” y algunos solo les pagan 50 pesos (unos Q21).

“La falta de documentos hace que se aprovechen de nosotros al pagar menos y nos discriminan porque no somos de aquí”, señaló Pascual Tórrez.

Por ello, sus casas son covachas y sus muebles son tablas o troncos. No tienen acceso a drenajes, el agua es limitada y por vivir en zona rural desconocen sobre el internet y tampoco cuentan con servicio de salud estatal.

Recuerdos de terror

Juana Jorge Gómez, de 63 años, no pudo contener las lágrimas al recordar que sus siembras, sus animales y pertenencias fueron quemadas por el Ejército, horas después de haber escapado a México.

Juan Tórrez Paiz, 75, es uno de los 16 abuelos que sobreviven del grupo que salió de Nentón. Aún recuerda cómo el Ejército llegó y violó a las mujeres y mató a pobladores.

Según la CEH, este caso es ilustrativo de la aplicación, en Huehuetenango, de las denominadas operaciones de “tierra arrasada”, concebidas para el aniquilamiento de civiles que apoyaban a la guerrilla.

Adolfo Tadeo García relató que sus sueños están muertos, pues no encuentra alternativa para superarse en una tierra lejana, sin oportunidades para quienes se refugiaron con el fin de salvar sus vida.

Tadeo explicó que son tres generaciones de refugiados y están cansados de la pobreza en la que viven. Sueñan con regresar a Guatemala, tener la finca que se les ofreció para comenzar a desarrollarse en algo propio y dejar de depender de jornales de hambre.

Piden certeza

Acerca del ofrecimiento de tierra que hizo el Gobierno, Fontierras informó que esa entidad hizo el estudio de la finca, que tiene un costo de Q19 millones; sin embargo, la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR) asumió la responsabilidad de la compra, aunque no cuenta con fondos.

Sebastián Tórrez Tórrez, presidente de la Asociación Yalcastán para el Desarrollo Guatemalteco (Aydeg), informó que luego de un proceso de negociación con la Secretaría de Asuntos Agrarios, Fontierras y el CNR aceptaron la compra de una finca a cambio de sus tierras, para evitar un nuevo enfrentamiento con la población que tiene ocupadas sus propiedades.

Recordó que el entonces presidente Otto Pérez Molina, ahora preso y señalado de corrupción, les dijo que había fondos para comprar la finca; sin embargo, tres días antes de que se efectuara el pago, presentó su renuncia.

Con la compra se solucionarían dos problemas, los refugiados podrían regresar a Guatemala y los campesinos de Buena Vista y La Ciénega tendrían certeza jurídica sobre las tierras que “invadieron”.

“Es obligación del Estado —proporcionar las tierras—. No queremos conflictos, pero la gente quiere retomar sus tierras y si el presidente no responde será su culpa lo que pueda ocurrir”, advirtió Tórrez.

“Gobierno debe cumplir”

Jéssica Ramírez, defensora de la Población Desarraigada y Migrante de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), exigió al Estado que cumpla el compromiso asumido de comprar las tierras y garantizar la repatriación de los refugiados guatemaltecos.

“El Gobierno tiene que cumplir el compromiso y hacer el trámite para la compra y entrega de las tierras, para evitar un conflicto entre las comunidades”, expresó.

No hay recursos

Ramón Aguilar, presidente del Programa Nacional de Resarcimiento, informó que en el presupuesto de la institución de este año no se contempla la compra de la finca.

Aguilar, quien asumió el cargo en mayo de este año, agregó que con “voluntad” del presidente Jimmy Morales se podría encontrar una solución.

“Quiero ser realista, considero que la demanda de los refugiados será atendida hasta el próximo año. Vamos a incluir este proyecto en nuestro plan operativo 2017”, indicó Aguilar.

Mexicanos solidarios

La mexicana Odilia Domínguez Velasco, quien enviudó recientemente, recuerda cuando llegaron los guatemaltecos, en 1982.

Ayudó a varios connacionales, en Chiapas, México, quienes llegaron mojados, llenos de lodo y enfermos, y aseguraban que el Ejército de Guatemala había masacrado a muchas personas de su comunidad.

Abrió las puertas de su hogar para acomodarlos. Recuerda que sus hijos durmieron en el suelo, pues consideró que los hijos de los migrantes habían sufrido en la montaña.

“Yo pensé, mis chiquitos no han vivido lo que estas criaturas sufren, así que los niños de los campesinos se acomodaron en mi cama”, explicó.

Fueron tres meses los que convivió con los guatemaltecos, se hizo amiga de ellos y de otros, hasta compadres. Esa etapa fue difícil, hasta para los mexicanos, porque no dudaron en ayudar, relató.

Recuerda niñez

Francisco Hernández, hijo de Domínguez, recuerda que su niñez fue una oportunidad para tener amigos de otro país, pues creció al lado de niños de Guatemala.

“Ellos sufrieron mucho y su vida fue complicada; a pesar de eso jugamos juntos, corrimos descalzos e hicimos muchos amigos, porque vivieron en casa como si fueran parte de la familia”, narró Hernández.

Añadió que entre 30 y 40 personas fueron albergadas en cada hogar de las comunidades de esa zona en Chiapas. Con el paso de los meses llegó ayuda para ellos y los reubicaron mediante programas de solidaridad.

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