Ciudad de México.-  Desde el 9 de enero comenzó a aplicarse en México el registro obligatorio de líneas de telefonía móvil, una medida que exige vincular cada número a una persona identificable y que ha encendido alertas por la posible expansión de un mercado informal de celulares.

La disposición establece que todas las líneas —de prepago y pospago, incluidas corporativas e institucionales— deberán asociarse a un titular mediante documentación oficial. De no cumplir con el trámite, las empresas podrán bloquear el servicio, dejando sin llamadas, mensajes ni datos móviles al usuario.

El esquema forma parte de un nuevo marco legal avalado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y tiene como objetivo reducir delitos como la extorsión y el fraude, al eliminar el uso anónimo de números móviles.

No obstante, especialistas advierten efectos contraproducentes. El abogado en telecomunicaciones Sergio Legorreta alertó que podrían surgir ofertas de líneas “listas para usarse” en plataformas digitales, aprovechando vacíos legales de la regulación.

El experto señaló que muchas personas podrían recurrir a alternativas ilegales debido a la falta de identificación oficial o problemas con su documentación, lo que abriría la puerta a un mercado secundario que facilitaría prácticas ilícitas.

Además, advirtió que el sistema permite que una persona física con actividades empresariales registre grandes volúmenes de números sin controles adicionales, lo que podría derivar en la reventa masiva de chips.

Ante este escenario, especialistas consideran necesario aplazar la aplicación de la medida para que los operadores fortalezcan su capacidad de resguardo de datos y la autoridad cierre los huecos normativos que podrían incentivar actividades ilegales.

Para completar el registro, los usuarios deben presentar identificación oficial vigente y CURP; en el caso de personas morales, se requiere el RFC. El trámite puede realizarse de manera presencial o digital, según el operador.

Aunque no hay multas económicas, las líneas no registradas serán suspendidas hasta que el titular regularice su situación. La información recopilada quedará bajo resguardo de las empresas, sin la creación de un padrón gubernamental, y deberá protegerse conforme a la ley de datos personales.

Con información de Proceso.