San José, Costa Rica.- El máximo jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) de Costa Rica, Roberto Solórzano, renunció hoy al cargo con efecto inmediato, anunció el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.

La dimisión fue la conclusión a la que se llegó durante una reunión entre Arias y Solórzano, de acuerdo con lo informado por el ministro, en conferencia de prensa desarrollada en la Casa Presidencial.

El escándalo de corrupción que estalló en esa fuerza de seguridad y que enmarcó la renuncia de Solórzano, constituye un hecho lamentable, agregó el titular del Ministerio de la Presidencia, cartera a la que pertenece la Dis.

“En esta reunión hemos llegado a la conclusión de que era prudente que él (Solórzano) dejara su puesto en la Dirección de Inteligencia”, anunció Arias.

“El ha comprendido que las circunstancias ameritan su separación, y nos ha enviado una nota en que pone su renuncia a partir de hoy a ese cargo”, manifestó el ministro.

“Lo que ocurrió en la dirección y que motivó la separación del subdirector, el señor (Roberto) Guillén, ha sido, lamentable para nosotros”, planteó Arias y dijo que Solórzano, “en su nota, reconoce que no se puede ocultar que hubo negligencia en el manejo de los temas de seguridad”.

La titularidad de la Dis es desempeñada en forma interina por el viceministro de la Presidencia, encargado de asuntos de seguridad, José Torres, indicó la información.

Guillén -actualmente suspendido como subdirector de la Dis- y otras ocho persona fueron detenidos el pasado 19 de noviembre, acusados de integrar una banda dedicada a la estafa bancaria. El funcionario fue puesto de inmediato en libertad, sujeto a medidas cautelares.

Los integrantes de la banda enfrentan los cargos de asociación ilícita, estafa mayor, falsificación de documentos, y uso de documento falso.

La banda operaba accediendo a un banco de datos privado, mediante la clave de que para ello disponía Guillén, para así obtener información confidencial de personas a quienes el grupo estafaba mediante falsificación de cheques y de documentos de identidad.

Arias indicó el pasado 24 de noviembre que una comisión investigadora interna, encabezada por Torres, inició labores ese día para determinar lo ocurrido. La comisión fue constituida en forma paralela al desarrollo de la investigación judicial del caso.

El delito global cometido por el grupo delictivo es superior a 150 millones de colones (algo más de 270 mil dólares), de acuerdo con estimaciones preliminares difundidas por medios informativos.