Ciudad de México.- El fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia al cargo.

La dimisión de Gómez Trejo al cargo creado el 26 de junio de 2019, fue presentada en días pasados ante el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo con las fuentes del gobierno federal que confirmaron la información, la renuncia de Gómez Trejo surte efecto a partir del próximo 30 de septiembre.

La salida del fiscal Omar Gómez Trejo de la investigación por el caso Ayotzinapa ocurre en medio de la polémica, después de que se detuvieran a militares por los señalamientos en su contra de “El Gil“, miembro del cártel Guerreros Unidos.

Asimismo, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos acusaron que el funcionario había sido relegado de las investigaciones.

En este sentido se dio a conocer que personal de la FGR solicitó cancelar 16 órdenes de aprehensión contra militares y cinco contra exfuncionarios de Guerrero sin consultar a Gómez Trejo.

Ayer lunes 26 se cumplieron 8 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, a manos de policías municipales, estatales, federales y presuntamente de elementos del Ejército entregados a delincuentes de la banda Guerrero Unidos.

Antes de llegar a la fiscalía del caso Ayotzinapa, Gómez Trejo fue secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independiente (GIEI), que desde su primer informe, del 15 de septiembre de 2015, ocho meses después de conocerse la llamada verdad histórica de la desaparecida Procuraduría General de la república (PGR), fue absolutamente crítica y marcó el papel del Ejército como uno de sus blancos. Igual que lo hizo Gómez Trejo.

En una conferencia de prensa, a los 7 años de la desaparición de los normalistas, Gómez Trejo se refirió a la verdad histórica así:

“  Nosotros ahora fiscales la refutamos con hechos corroborados y pruebas contundentes de lo que se hizo a una manipulación de una investigación que es de un origen tuvo que haber dado con el paradero y con el conocimiento de lo que ocurrió con los estudiantes; mi unidad ha iniciado procedimientos penales por las irregularidades y delitos que fueron cometidos durante dicha investigación porque fue una averiguación previa hecha a modo.” 

El GIEI surgió, según información del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los padres de los estudiantes desaparecidos y el Estado mexicano el 18 de noviembre de 2014 —en el gobierno de Enrique Peña Nieto—, con la finalidad de proporciona asistencia técnica para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos; así como las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a quienes resulten responsables y, de igual forma otorgar asistencia a los familiares de los estudiantes.

Como parte del GIEI, Gómez Trejo fue protagonista de primera fila de un hecho fundamental en lo que se fincó parte de la verdad histórica de la PGR: la incursión de Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), al río San Juan, el 28 de octubre de 2014, cuando supuestamente se encontró una bolsa negra con restos humanos, que serían los restos calcinados de los estudiantes. Incluso Gómez Trejo se subió al mismo helicóptero en que viajó Zerón.

La renuncia de Omar Gómez Trejo se produce en el contexto de la acusación contra 20 elementos del Ejército mexicano de haber tenido algún gran de participación en los hechos de hace 8 años y a quien siempre se trató de involucrar.

El 19 de agosto pasado —un día después de que el subsecretario Alejandro Encinas presentara su informe preliminar como titular de la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa—, la fiscalía del caso Ayotzinapa solicitó al juez segundo de Distrito Enrique Beltrán Santes 20 órdenes de aprehensión, contra el mismo número de militares.

Cuatro de ellos, el general José Rodríguez Pérez, que en 2014 era coronel responsable del Batallón 27 con sede en Iguala, Guerrero, a quien la Comisión de la Verdad acusó de haber mantenido con vida a 6 de los 43 estudiantes y luego mandar asesinarlos, el capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado de primera de infantería Eduardo Mota Esquivel, se entregaron.

Con información de Excélsior