LatinUs también empezó a hacer ruido en Estados Unidos y México sobre el clan de los Moreira, escribe Édgar London en el nuevo número de Espacio 4. “Corrupción y violencia son rasgos de los gobiernos encabezados por los hermanos Humberto y Rubén Moreira, según el portal de noticias LatinUs, en un videorreportaje dedicado al clan en su página principal. Coahuila sufrió durante el “moreirato” el azote del crimen organizado (uno de los casos más sonados es la masacre en Allende, en 2011), bajo la connivencia de las autoridades, multiplicó su deuda pública, gran parte adquirida a espaldas del Congreso, y el desvío de fondos públicos a empresas fantasma.

“En 2005, cuando empezó el Gobierno de Humberto Moreira, la deuda de Coahuila era de 323 millones de pesos, resalta LatinUs. El monto se disparó a 36 mil 510 millones de pesos en 2011. ‘Gran parte de la misma, casi 24 mil millones de pesos, fue contratada a largo plazo. De esos 24 mil millones –más del 70% sin la autorización del Congreso– violando así la Ley de Deuda Pública del Estado’, advierte Marco Zamarripa, director general del Consejo Cívico de las Instituciones Laguna.

“Con esta herencia, al primer trimestre de 2021, la deuda llegó a 38 mil millones de pesos, la sexta más alta a escala nacional. Aun después de tres reestructuras, las obligaciones no se liquidarán antes de 2044, o sean casi cuatro sexenios.

“‘Hoy Coahuila es el estado que más tiempo va a tardar en terminar de pagar sus pasivos. Estamos hablando de 23 años, cuando el promedio nacional es aproximadamente de 14. En promedio, al 2020, cada coahuilense debe 12 mil 184 pesos, mientras que cada mexicano debe 4 mil 538’”, destaca Zamarripa.

A pesar de que la Secretaría de Hacienda presentó denuncias en 2011, al detectar operaciones financieras irregulares para adquirir créditos, Humberto Moreira nunca ha enfrentado en México cargos relacionados con la megadeuda, advierte LatinUs. Jorge Torres, en cambio, fue condenado a 36 meses de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero. (…)

“La seguridad es un tema sujeto a revisión permanente en los gobiernos de los hermanos Moreira, dice LatinUs. Mientras el periodo de Humberto destacó por la violencia y el control del cártel de los Zetas, la Administración de Rubén se dedicó a maquillar gestiones que debían ayudar a las víctimas, pero nunca prestaron atención a sus principales demandas.

“A Humberto le toca el inicio de la violencia, incluso llegando a la zona de La Laguna, Torreón, convirtiéndose en una de las cinco regiones más peligrosas del mundo en esos años. Le toca también el control del penal de Piedras Negras, que se convirtió en un campo de exterminio, operado por los Zetas, financiado por el Estado”, explica Jacobo Dayán, investigador del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México.

“En este penal, de 2010 a 2012, los Zetas torturaban y ejecutaban a los detenidos y luego ‘cocinaban’ sus cadáveres. Asimismo, servía como base social para encontrar a nuevos reclutas, escondían a los secuestrados mientras esperaban por el pago de su rescate, o daban refugio a jefes del cártel cuando eran perseguidos por las autoridades federales. Todo bajo la aquiescencia de las autoridades.

“Dayán afirma que los estragos causados por bandas del crimen organizado disminuyeron durante la Administración de Rubén Moreira, a consecuencia de un trabajo articulado de los tres niveles de Gobierno de México y el Gobierno de Estados Unidos, además de que el cártel de Sinaloa enfrentó a los Zetas en la zona de La Laguna.

“Pero nunca se preocupó por cambiar las fiscalías. Es decir, la justicia no llegó, ni el desmantelamiento de las redes de protección política. Digamos que puso una cara más amable a las víctimas, pero sus grandes demandas: encontrar personas desaparecidas, modelos de reparación serios y justicia, nunca llegaron”, argumenta el especialista.