Los gobernadores afrontan su propia crisis. El coronavirus puso de relieve la fragilidad de los sistemas de salud en los estados. En el caso de Coahuila, al abandono del sector se suma la ruindad del gobierno de Rubén Moreira, el cual desvió 65 millones de pesos a empresas fantasma, según denunció la Auditoría Superior del Estado hace dos años, sin que hasta la fecha la Fiscalía General del Estado haya movido un dedo para procurar justicia, mientras en la Secretaría de Finanzas todo es llanto y rechinar de dientes. Los bancos no sufren, pues religiosamente reciben 342 millones de pesos mensuales por el servicio de la deuda endosada por el
“moreirato”.

Las administraciones actuales pagan la resaca de una borrachera de despilfarros, endeudamiento irresponsable y culto a la personalidad iniciada en el sexenio de Vicente Fox y continuada en el de Felipe Calderón. Con Peña Nieto se vivió una orgía de corrupción. No eran gobiernos ricos y pueblo pobre. Quienes vivían en la opulencia eran los políticos, muchos de los cuales llegaron al poder con una mano atrás y otra delante y hoy son “empresarios” en diversos giros. En tres estados donde hubo alternancia hoy los ladrones están presos: Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo) y César Duarte (Chihuahua).

Cuando Fox llegó a Los Pinos, había cierto orden en los estados. La violencia no era tan grave y la corrupción se mantenía en los límites “normales”. La legitimidad del Presidente de la primera alternancia evitó que los gobernadores se le subieran a las barbas. En ese sexenio, la Federación aumentó las participaciones y compartió la renta petrolera con las entidades. Las cosas cambiaron con Calderón, pues la sospecha de fraude en los comicios de 2012 lo ató de manos. En ese periodo el país se descompuso: las deudas estatales se dispararon y no pocos gobernadores pactaron con la delincuencia organizada: cobraron piso, recibieron financiamiento para campañas políticas y al final culparon del caos al Presidente.

Peña Nieto llegó al poder por los gobernadores y después fue su rehén. No es casual que el pico de las deudas en los estados ocurriera entre 2010 y 2011, cuando la maquinaria del PRI empezaba a consumir recursos ingentes para comprar voluntades, aliados políticos y el favor de los grupos de presión —empresarios, medios de comunicación, banqueros—. Pero, sobre todo, silencio: la incapacidad y los antecedentes de Peña en Estado de México, en cuyo Gobierno la corrupción, el nepotismo, los feminicidios y la impunidad alcanzaron las cuotas más altas, lo descartaban para la Presidencia.

Los gobernadores cobraron caro sus servicios: hicieron lo que les dio la gana y manejaron a su antojo a Peña. No necesitaban un nuevo pacto fiscal, pues Hacienda y la Cámara de Diputados les concedían fondos sin chistar, los cuales gastaban a discreción. Y aún tenían el descaro, como en el sexenio de Moreira II, de desviar hasta mil millones de pesos a empresas fantasma (Espacio 4, 645). ¿Con qué autoridad podía llamarlos a cuentas el Presidente si la hidra de la corrupción despachaba en la residencia oficial?

Si en 2018 la alternancia hubiera sido con el PAN, las cosas seguirían igual. Con la experiencia de Fox y Calderón y persuadida de que Acción Nacional y el PRI terminaron por mimetizarse, la ciudadanía dio su voto a un candidato sin compromiso con los gobernadores. Morena dirige hoy siete estados y el año próximo podría subir a 17. Entonces López Obrador, con mayoría en los estados, promovería un nuevo acuerdo fiscal.