Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República desistió de la audiencia en la que iba a imputar a Judith Aracely Gómez Molano, ex Oficial Mayor de la PGR, y a cinco ex funcionarios más, por un supuesto desvío de 250 millones de pesos en dispositivos de espionaje con recursos de la Partida 55102, para Equipos de Seguridad Pública y Nacional.

Se trata del caso de un contrato otorgado en el sexenio pasado a la empresa Duritz Holdings Limited, para la configuración de diversas plataformas digitales de inteligencia, operadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal Ministerial (PFM).

Por así convenir a sus intereses, la FGR pidió a Liliana Cárdenas Tapia, administradora del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, cancelar la audiencia que estaba programada para el lunes pasado.

Pero en su solicitud, la Fiscalía también requirió dejar a salvo su derecho para pedir más adelante la audiencia de imputación, lo que fue acordado favorablemente por la administradora.

En esta investigación, con número FED/VG/UNAI-CDMX/0000613/2020, también están imputados Vidal Díazleal Ochoa, ex jefe de la PFM, y César Gustavo Ramírez Torralba, director adjunto de Apoyo Ministerial y Telecomunicaciones del Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO.

También Humberto Antimo Rivera, ex director General de Seguridad Institucional, así como Zacarías Conzuelo Reza y José Luis Gutiérrez Ayala. A todos se les imputan los delitos de peculado, asociación delictuosa, uso indebido de atribuciones y facultades y fraude equiparado.

Otro imputado en este asunto es Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la AIC, aunque en su caso fue girada una orden de aprehensión.

Según la imputación, este presunto desvío corresponde a dos contratos que la PGR otorgó a la empresa Duritz, uno de ellos suscrito el 11 de noviembre de 2013 por 83 millones 333 mil 333 pesos, por el servicio de configuración y puesta en marcha de 4 plataformas de inteligencia móviles.

Y el segundo, fechado el 28 de noviembre del mismo año, es un contrato de arrendamiento de 10 equipos interceptores de dispositivos móviles, un interceptor satelital Iridium y un software de control y administración, por 166 millones 666 mil 667 pesos.

La FGR asegura que Gómez Molano no tenía la facultad para disponer de los recursos y pagar dichos contratos en una cuenta del United Mizrahi Bank Switzerland LTD, en Zurich, Suiza.

 Gómez Molano ya está procesada por una primera imputación de principios de este año por la compra con sobreprecio de un avión Bombardier Challenger CL-600 en 19.6 millones de dólares. El sobrecosto se calcula en 3.2 millones de dólares.