Madrid, España.- El gobierno español intentó un nuevo diálogo de paz con la organización separatista Patria Vasca y Libertad (ETA), tras la ruptura de las conversaciones entre 2006 y 2007, reveló hoy el diario español El País.

El rotativo publicó algunos contenidos de los documentos incautados en mayo de 2008 al entonces número uno de ETA y detenido en Francia, Francisco Javier López Peña, alias “Thierry”, y actualmente en poder de la Guardia Civil.

Los documentos precisan que son las detenciones de etarras tanto en España como en Francia lo que obstaculiza ese diálogo entre 2006 y 2007, y reprocha al gobierno español no haber cumplido con los compromisos que inició el proceso de paz.

Los escritos de Thierry aseguran que el gobierno español estuvo interesado en seguir ese diálogo aún después del atentado en el estacionamiento de la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos.

“Después de Barajas, el proceso está roto y ahora hay que intentar retomarlo. ETA tiene que asegurar que no hará más atentados”, fue la respuesta del gobierno.

En tanto, la respuesta de ETA fue: “Barajas fue la respuesta a los incumplimientos del gobierno. Pero tras Barajas, el proceso continúa”.

Las frases se derivan de las reuniones con enviados del gobierno español, uno de los cuales les advirtió a los etarras que era necesaria una declaración de ETA en la que aseguraba que no habría más atentados.

Asimismo, reclamó el cambio de estatutos de Batasuna, el brazo político de ETA, ilegalizado en 2002, por ser parte del entramado etarra.

Los documentos establecen que el gobierno español se desmarcó de la situación de algunos presos que ETA pedía que fueran liberados, así como de las acciones de los jueces en contra de etarras.

Otro momento difícil del proceso de paz que destacó, fue el robo de pistolas de un arsenal en Francia en octubre de 2006, lo que generó preocupación en el gobierno al considerar que eso rompía la paz pero no el proceso.

“Si ETA reconoce el robo de armas, se acaba el proceso. No deben hacer más atentados y deben cesar en el envío de cartas de extorsión. Con este robo no podemos movernos”, fue la respuesta del gobierno.

Ante ello, ETA argumentó que “el 90 por ciento de los incumplimientos son del gobierno antes del robo. No admitimos sus amenazas. Si hay detenciones, ETA actuará”.