No hay la menor duda de que la delincuencia organizada continúa gozando de una protección casi absoluta y de una impunidad que parece inquebrantable por parte de quienes tienen a su cargo la vigilancia de los puentes internacionales que conectan con la frontera norte. Día tras día, las autoridades reportan decomisos impresionantes: toneladas de drogas de todo tipo, desde fentanilo y metanfetaminas hasta cocaína y marihuana, así también como millones de dólares en efectivo, vehículos de alta gama tanto terrestres como aéreos, e incluso, en fechas recientes, embarcaciones marítimas que intentan evadir los controles.

Pero lo que más llama la atención es el volumen abrumador de armamento; cientos, y en muchos casos miles, de pistolas, rifles de asalto, metralletas, municiones de grueso calibre, granadas, lanzagranadas y hasta equipo más pesado como morteros o bazucas.

Las corporaciones policíacas federales, encargadas en teoría de combatir estos flagelos, dan cuenta constante de estos hallazgos. En sus informes detallan las rutas preferidas para el trasiego de estupefacientes, calculan el valor millonario que representa esa mercancía en el mercado negro, y describen con precisión las tácticas que emplean los grupos delictivos. Revelan, por ejemplo, que muchas de estas bandas cuentan en sus filas con exmilitares y expolicías mexicanos, así como con elementos guatemaltecos que aportan experiencia en operaciones de alto riesgo.

También se habla de estructuras jerárquicas bien definidas, de uso de tecnología avanzada para comunicaciones encriptadas y de logística sofisticada que les permite mover grandes cargamentos sin ser detectados en muchas ocasiones. Sin embargo, surge una pregunta que pocos se atreven a formular en voz alta y que casi nunca recibe respuesta clara de las autoridades: ¿quiénes son los que suministran todo ese arsenal bélico proveniente principalmente de Estados Unidos, y en menor medida de Centroamérica? ¿Cómo es posible que armas de uso exclusivo del ejército, es decir, de calibres prohibidos para civiles, con tecnología de punta y en cantidades industriales, lleguen a manos de los cárteles sin que se mencione jamás a los proveedores o a los intermediarios clave?

Nuestras instituciones federales detallan con lujo de detalles los decomisos de droga y el dinero que genera, pero guardan un silencio ensordecedor cuando se trata del origen del armamento. Nunca se profundiza en cómo se orquesta ese flujo constante, quién lo facilita desde el otro lado de la frontera o qué redes de corrupción permiten que pase desapercibido. La respuesta, aunque incómoda, parece evidente es que gran parte de ese armamento cruza precisamente por los puentes internacionales oficiales, los mismos puntos aduaneros donde se supone que hay mayor vigilancia.

No se trata de túneles clandestinos ni de pasos ocultos en el desierto, aunque también existen, sino de cargamentos que entran a plena luz del día, ocultos en dobles fondos de vehículos, en maletas, en compartimentos secretos de camiones de carga o incluso mezclados con mercancía legal. Las cifras de decomisos en los últimos años lo confirman: en puentes como Del Río, Nogales, Laredo o los de Tijuana y Ciudad Juárez, se interceptan constantemente armas largas, municiones en miles de cartuchos, rifles AR-15 modificados, pistolas de alto calibre y hasta equipo militar pesado. Pero si se logra decomisar una fracción, ¿cuánto más logra pasar sin ser detectado?

Este fenómeno guarda un paralelismo inquietante con lo que ocurre en las ciudades con los llamados “aparachuecos”: esos comerciantes informales que compran y revenden bienes robados sin que las autoridades les pongan un alto real. Nadie investiga a fondo sus fuentes, nadie exige facturas ni registros estrictos, y los diputados locales rara vez impulsan leyes que endurezcan los controles sobre la compra-venta de artículos sin documentación.

De la misma forma, en las aduanas fronterizas parece reinar una permisividad similar, es decir, revisiones selectivas que no alcanzan a cubrir el volumen abrumador de tráfico diario, corrupción que permite “miradas ciegas” a cambio de sobornos, o simple negligencia institucional que deja huecos enormes en la seguridad.

Si el gobierno federal verdaderamente quisiera frenar el alarmante crecimiento de la delincuencia organizada y su capacidad de fuego superior a la de muchas corporaciones policíacas e incluso en ocasiones al propio ejército, el primer paso ineludible sería atacar de frente el tráfico de armas por las vías oficiales. No basta con decomisar droga o detener sicarios; hay que cortar el suministro principal de su poderío bélico. Mientras los puertos de entrada sigan siendo permeables a grandes cantidades de armamento; sin revisiones exhaustivas, sin inteligencia binacional efectiva y sin consecuencias reales para quienes facilitan el paso, los grupos criminales mantendrán siempre la ventaja.

Podrán enfrentarse a las fuerzas del orden con superioridad numérica y tecnológica, emboscar patrullas, resistir operativos y seguir expandiendo su control territorial. Pensemos en los decomisos que sí se publicitan, un paisano que intenta cruzar con cinco pistolas y unas centenas de balas para “cacería” o “protección personal”, y termina detenido.

Esos casos son visibles porque son torpes y aislados. Pero ¿cómo explicamos los arsenales completos encontrados en casas de seguridad intervenidas por el ejército? Metralletas, rifles Barrett de francotirador, lanzagranadas, granadas de fragmentación, morteros portátiles… todo eso no entra en maletas de mano ni en mochilas. Requieren vehículos grandes, contenedores o tráileres que cruzan los puentes con documentación aparentemente en regla o con complicidad interna.

La interrogante persiste: ¿quién o quiénes autorizan o permiten ese paso masivo? ¿Por qué las autoridades federales evaden sistemáticamente dar nombres, rutas específicas de abastecimiento o responsables concretos en el lado mexicano? Mientras no se responda con acciones firmes como es reforzando controles aduaneros, depurando personal corrupto, impulsando cooperación real con Estados Unidos y castigando ejemplarmente a los facilitadores, el problema seguirá alimentándose.

El tráfico de armas es un negocio multimillonario que sostiene la violencia y la inseguridad que azotan a México. El día que se ataque con la misma intensidad que al narcomenudeo, y se detenga ese río de acero que cruza la frontera, entonces sí podremos hablar de un cambio verdadero. De lo contrario, seguiremos lamentando lo mismo: decomisos espectaculares que apenas rozan la superficie de un mal mucho más profundo y enquistado. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México, Presea Trayectoria Humberto Gaona Silva 2023) www.intersip.org