Monclova
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Grupo Zócalo
Publicado el viernes, 18 de febrero del 2022 a las 04:15
Monclova, Coah.- El robo con quebrantamiento de la confianza es delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que el depuesto directivo de AHMSA y Subsidiarias, Fernando Monroy Guajardo, enfrentaría un proceso penal en libertad en caso que la siderúrgica interponga denuncia para llevarlo ante las autoridades judiciales, aseguró el litigante penalista Miguel Ángel Reyna Adam.
Sin embargo, puntualizó,
“ “correspondería al Ministerio Público convencer al Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de Juicios Orales que, ante la posibilidad de darse a la fuga, incluso abandonar el país para sustraerse de la justicia, lo mantenga detenido como medida cautelar para que lleve en prisión el desarrollo del proceso, pero llegar a eso llevará larguísimo tiempo”.
El abogado dijo que obviamente debe haber más implicados en la cadena de complicidades de saqueo de una cantidad no precisada de millones de pesos, y no únicamente dos personas como es el caso de los señalados Fernando Monroy Guajardo y Germán Cepeda, ahora ex director corporativo y ex subgerente de Recursos Humanos, respectivamente.
‘Debe haber muchos más involucrados’
El Artículo 414 del Código Penal de Coahuila establece aplicación de dos a siete años de prisión y multa, con independencia del valor de lo robado, por quebrantamiento de la confianza o seguridad derivada de alguna relación de servicio, trabajo u hospitalidad.
“ “No creo que haya únicamente dos involucrados bajo investigación interna, debe haber muchos más”,
apuntó Miguel Ángel Reyna, respecto al caso donde auditores externos de Altos Hornos de México desbarataron una red de corrupción donde los involucrados habrían falsificado nóminas, alterado sueldos, además compras ficticias de bienes y servicios para allegarse ilegalmente mucho dinero por un monto no precisado.
Indicó que para acreditar el delito de robo con quebrantamiento de confianza más lo que resulte, la AHMSA tendrá que aportar pruebas contundentes de la responsabilidad de quienes considere probables autores de la afectación patrimonial.
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