Ciudad de México.- Un juzgado federal dejó firme la negativa de orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, por el caso en el que le imputaron los delitos de delincuencia organizada y lavado de más de 77 millones de pesos, por uno de los convenios relacionados con la Estafa Maestra.

Este era el único mandato de captura que tenía pendiente la ex secretaria de Estado, el cual nunca quiso ejecutarle la Fiscalía General de la República (FGR), ni cuando estuvo internada en el Penal Femenil de Santa Martha ni cuando consiguió su libertad, pese a que uno de los delitos tiene prevista la prisión preventiva de oficio.

En febrero pasado, el Cuarto Tribunal Colegiado Penal del Estado de México otorgó un amparo a Robles para reponer el procedimiento de esta orden de captura, por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Pues el juez que giró la orden no justificó la necesidad de cautela, es decir, no fundamentó que la forma más adecuada de presentar a la ex funcionaria para afrontar esta imputación sea una orden de aprehensión, en lugar de una de comparecencia o un citatorio para que asista a una audiencia inicial.

En acatamiento a esta resolución, el pasado 3 de abril el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, negó la aprehensión, porque consideró que no estaba justificada la necesidad de detener a Robles para llevarla a una audiencia de imputación.

El fallo todavía tenía ser analizado por el juzgado de amparo, para dictaminar si cumplía o no con la sentencia del colegiado.

Karina Castillo Flores, Juez Cuarto de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca, dictaminó que la negativa de captura sí cumple con los lineamientos de la sentencia del amparo otorgado por el colegiado, motivo por el que ha quedado firme la negativa de la orden de aprehensión.

“ Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Ha sido cumplida la ejecutoria dictada en este juicio. Segundo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente”, dice el acuerdo publicado por la juez. 

Cabe decir que la FGR puede volver a pedir la aprehensión, pero para ello debe elaborar una argumentación jurídica más sólida que la presentada, para convencer al juez que sí es necesario detener a la ex funcionaria.

La Fiscalía también cuenta con la opción de solicitar al juzgador un citatorio para que Robles comparezca a una audiencia inicial para imputarla y posteriormente pedir su vinculación a proceso por estos hechos.

Robles también fue procesada por ejercicio indebido del ejercicio público, porque aparentemente fue omisa ante los desvíos de más de 5 mil millones de pesos de la Estafa Maestra. En ese asunto ya fue absuelta en dos instancias y está a la espera de que un tribunal colegiado emita un fallo que finiquite el caso.

En el asunto por el que se negó su captura, le atribuyen un supuesto lavado a través de “factureras” por 77 millones 847 mil 14.40 pesos, dinero que la Sedesol pagó a la Universidad Autónoma de Morelos.

El dinero, en el papel, correspondía a un convenio del 1 de septiembre de 2014 en el que la Universidad se comprometía a levantar encuestas de beneficiarios de programas sociales en Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Veracruz.

La FGR afirma que se trata de un desvío porque de los 6 millones 700 mil 164 beneficiarios que iban a ser entrevistados, solo se levantó un millón 48 mil 575 encuestas, el 15.6 por ciento, y nunca se probó que se practicaran las restantes.

Falla tras falla

Desde el 2018, año en que la FGR empezó a judicializar los casos de la Estafa Maestra, sólo han sido sentenciados tres funcionarios, dos de ellos en el juicio y otro en un procedimiento abreviado, es decir, se declaró culpable para conseguir una pena mínima y evitar el juicio.

Uno de los sentenciados fue absuelto y dos fueron condenados, pero ninguno de éstos está preso porque sus condenas fueron menores y alcanzaron el beneficio de la sustitución de la pena.

La primera sentencia, dictada en un procedimiento abreviado, fue de 5 meses con 29 días de prisión contra el ex delegado de la extinta Sedesol en Chiapas, Ezequiel Saúl Orduña Morga, por una contratación indebida de más de 28 millones de pesos.

La segunda fue dictada en un juicio contra Juan de Dios Nochebuena, ex Rector de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) de Hidalgo, por un convenio con la Sedesol de 185.8 millones de pesos, pero fue absolutoria.

Y la tercera fue de seis meses de cárcel a Martha Lidia Montoya Santos, ex directora de Recursos Financieros de la desaparecida Sedesol, en un juicio en el que se le halló culpable de autorizar el pago sin solicitud previa de 7.5 millones de pesos, dentro de un contrato de la dependencia con la Universidad Autónoma de Chiapas por 60 millones 952 mil 400 pesos.

La causa judicial contra Marcos Salvador Ibarra Infante y Ricardo Mejía Zayas, ex directores generales adjuntos de la Unidad de Coordinación de Delegaciones, sujetos a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, será el cuarto caso en el que se dicte una sentencia.

La FGR solicitó imponerles una pena de 12 años de prisión, por un daño al erario de 26.6 millones de pesos por medio de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), dentro del caso de la Estafa Maestra.

La Fiscalía General de la República acusó formalmente a los ex funcionarios ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde pidió imponerles la pena máxima por ese delito y una multa de 150 días de salario.