El único proyecto del sexenio donde el Gobierno Federal involucró a Coahuila, “Agua Saludable para La Laguna”, inició a destiempo pero se destrabó en días pasados esparciendo dinero público en terrenos de Lerdo, Durango: alrededor de 4 mil 675 millones de pesos, aunque a proveedores ajenos a la región y con el ánimo de consumarlo al estilo 4T: centralizado, sin transparencia y muchas dudas.

Se preguntará usted: ¿cómo vamos? Pues la Comisión Nacional del Agua ya invirtió -es un decir, pues un mejor verbo sería ‘gastó’, o en su caso ‘adjudicó’- el 52% de los 9 mil millones de pesos proyectados en total.

Esta semana comprometió dos contratos para dos líneas de conducción (a iniciar el 24 y 26 de octubre) que representan la segunda y tercer etapa del plan.

El primero por mil 99 millones 502 mil pesos, a favor de Servicios Integrales de Ingeniería y Administración de Obras, S.A. de C.V., de Gómez Palacio, en participación conjunta con las sociedades mercantiles GEBAUDE, S.A. de C.V., de Sinaloa, y DCR Consultoría y Construcción, S.A. de C.V., de Sonora.

Y el segundo por 889 millones 139 mil 430 pesos, adjudicado a Construcciones Pérez y Gil, S.A. de C.V., de Michoacán, en participación conjunta con las razones sociales Mantenimiento y Construcción de Acueductos, S.A. de C.V., de la Ciudad de México, y Construcciones y Prefabricados Laguna, S.A. de C.V.

Actualmente existen otras tres licitaciones en etapa de adjudicación (ya con presentación de propuestas realizadas) sin que al momento de redactar estas líneas oficialmente se halla emitido un fallo. Dependiendo de las ofertas, suman entre 360 y 536 millones de pesos más, lo cual implica terminar octubre con alrededor de 5 mil millones de pesos destinados al proyecto, un 55% del total estimado.

Previamente, el 17 de junio de 2021, Conagua adjudicó a la empresa Sagar Construcciones, S.A. de C.V., de Torreón, la “presa derivadora sobre el cauce del río Nazas”, por 50 millones 568 mil pesos, y la supervisión externa de la obra, en un millón 745 mil pesos, a Couma, S.A. de C.V., de Durango. Aquí entonces los únicos proveedores locales beneficiados.

Y aquí viene lo interesante. Luego de varios procedimientos de licitación que se declararon desiertos, uno tras otro, hasta el 9 de mayo de 2022 se adjudicó de manera directa un contrato relacionado con el proyecto, el más grande hasta el momento, este por mil 688 millones 698 mil pesos, a favor de Ozore Gestión de Agua, S.A. de C.V. para la construcción de una planta potabilizadora en Lerdo, Durango.

Pero dicha empresa, cabe señalar, acababa de ser constituida en Atizapán de Zaragoza el 27 de abril de 2022, es decir 12 días antes, ex profeso para el negocio con la unión de tres sociedades: Ozone Ecological Equipments, Regiomontana de Construcción y Servicios, e Ingeniería en Procesos de Tratamientos de Agua.

Posteriormente, en agosto, fueron adjudicados 841 millones 125 mil pesos para la “construcción de dos líneas de conducción”, la primer etapa del proyecto, a ejecutarse del 23 de agosto de 2022 al 24 de marzo de 2023. Ahí el favorecido fue AMG River Desasolves, S.A. de C.V., en participación conjunta con Grupo Inmobiliario Tlahtoani, S.A. de C.V.

La primera razón social es de reciente creación, en la Ciudad de México, en febrero de 2019, y tiene por socios a una estudiante de 22 años al momento de su constitución, y un accionista fantasma que cinco meses después vendió su parte mayoritaria a Héctor García Jaime.

La segunda empresa, “Tlahtoani”, está domiciliada en Toluca, aunque pertenece -por lo menos en los documentos, en poder de quien esto escribe- a una persona física de Tejupilco de Hidalgo, Estado de México, sin relación con el objeto social que requiere Conagua.
Curiosamente la obra se desarrollará sin supervisión externa, a diferencia de otros procedimientos convencionales.

Cortita y al pie

El 30 de agosto de 2020 se publicó en este mismo espacio que a través de la licitación pública nacional LO-016B00032-E19-2020 la Conagua inició un procedimiento para la contratación de los servicios de “estudio de diagnóstico, análisis de alternativas e ingeniería básica del proyecto y anteproyecto; estudio de factibilidad económica análisis (costo-beneficio); y estudio de factibiliad ambiental”.

Y no solo ya existían, sino que también eran públicos. Semarnat y Conagua los elaboraron en marzo de 2020 y cualquiera podría descargarlos de la web. Incluso el análisis costo-beneficio data de febrero de 2018 y consta de 151 páginas. Fue realizado por la Subsecretaría de Egresos, Unidad de Inversiones, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Inexplicablemente Conagua se decantó por adjudicar de