Pasadas las 9:00 horas, y confirmado en cartera de la sesión de Pleno, la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal presentó los dos informes, en donde el gobernador explica el por qué de la improcedencia de los juicios políticos.

“ Me reservo el derecho de impugnar o controvertir esos aspectos ante la autoridad competente, en la vía que legalmente proceda”.

“ Resulta oportuno señalar puntualmente los reiterados actos de ataque por parte del Congreso hacia el Poder Ejecutivo, mismos que se han materializado a través de la persecución política realizada en contra del suscrito y del Gobierno que represento”, argumentó.

En la contestación, donde señala que los documentos no significan el reconocimiento de los juicios, recordó la guerra política.

“ Con motivo de la llegada a la administración que represento y con ello la llegada de una nueva ideología, visión política, valores y principios, es que se comenzó una GUERRA y PUGNA POLÍTICA entre múltiples actores del Estado de Nuevo León, principalmente los Partidos Políticos del PRI y del PAN (REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y ACCIÓN NACIONAL) en contra del actual que suscribe”.

“ Refiero a que se trata de una guerra política desencadenada por parte de dichos actores, en virtud de que se han valido, como se narra a lo largo del presente informe, de instituciones del Estado que se encuentran bajo su control para procesar, perseguir y atacar a funcionarios y familiares de los servidores públicos allegados a mí. Es de señalarse que los siguientes hechos me CONSTAN, en virtud d e tratarse de hechos que involucran a la actual administración de la cual soy Titular”, argumentó.

Los escritos, turnados a la Comisión Anticorrupción, deberán revisar el trámite mañana a las 16:00 horas, justo cuando vencía el plazo.

El 11 de febrero pasado, derivado de ordenamiento de la Sala Superior y de la Especializada y tras la solicitud de juicios políticos presentados por las dirigencias del PRI y PAN, la Comisión consideró que deben actuar contra el mandatario, quien acumula más de 18 sanciones.

En la decisión de la Comisión, donde obtuvo seis votos del PRI y PAN, contra de MC, PVEM y Morena, cuatro en abstención y uno en contra acordaron dar vista, a través de la Dirección Jurídica al gobernador de manera personal y por estrados.

“ Es PROCEDENTE la denuncia de JUICIO POLÍTICO promovido por los CC. JOSÉ LUIS GARZA OCHOA Y JESÚS POLICARPO FLORES PEÑA, en contra del C. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, por conductas que dañan gravemente los intereses públicos fundamentales, con sustento en las resoluciones SRE-PSC-526/2024, SRE-PSC-533/2024, SRE-PSL-33/2024, SRE-PSL-63/2024, SRE-PSC-477/2024y SRE-PSC-557/2024 de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se infracciona al Gobernador del Estado”.

“ Por uso indebido de recursos públicos, así como atacar el ejercicio del sufragio de los ciudadanos de Nuevo León al vulnerar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad que debían regir en la contienda electoral 2024. Lo anterior, toda vez que se acreditan los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 15 de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León, tal como se expone en el apartado de “PROCEDENCIA” del presente acuerdo”, acordaron.