Ciudad de México.– La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aplicó sanciones a 32 proveedores y contratistas durante el primer trimestre de 2026, tras detectar diversas irregularidades en procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas de la administración federal.

Las penalizaciones impuestas por la dependencia federal entre enero y marzo de este año sumaron multas por un total de 15 millones 677 mil pesos. Asimismo, se determinó la inhabilitación de 28 personas físicas y morales, quienes quedaron impedidas para participar en licitaciones o celebrar contratos con la Administración Pública Federal (APF) por periodos que oscilan entre los tres meses y los dos años.

Información falsa: la principal irregularidad

De acuerdo con el balance de la secretaría, el promedio de contratistas sancionados se ubicó en 2.6 por semana durante los primeros tres meses del año.

La anomalía más recurrente en los expedientes fue la presentación de información falsa en los procedimientos de contratación, con un registro de 24 casos, lo que constituyó la base del grueso de las amonestaciones en este periodo.

Las restricciones de inhabilitación no solo impiden la participación directa de las empresas sancionadas, sino que bloquean de manera explícita cualquier intento de triangulación o intermediación para proveer al gobierno.

El sector salud e IMSS encabezan las anomalías

El desglose por sector reveló que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue la dependencia gubernamental que acumuló el mayor número de incidencias, al registrar 14 proveedores sancionados en procesos de compra pública.

Por área de actividad económica, la distribución de las sanciones aplicadas se comportó de la siguiente manera:

– Prestación de servicios: 37.5% de los casos.

– Sector salud: 34.37% de los casos.

– Adquisición o arrendamiento de bienes: 15.62% de los casos.

– Construcción: 12.5% de los casos.

Control y registro oficial

Todas las personas físicas y morales penalizadas fueron inscritas formalmente en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, la plataforma oficial que centraliza el registro de inhabilitaciones vigentes para el sector público.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno enfatizó que estas acciones regulatorias forman parte de la estrategia nacional para cerrar espacios a la corrupción en las compras estatales, enviando un mensaje claro sobre las repercusiones administrativas y de impacto económico que enfrentarán los contratistas que incumplan con el marco legal.