Hidalgo.- La Contraloría de Hidalgo inhabilitó a cuatro exservidores públicos por irregularidades en la contratación de servicios con Banco Accendo, lo que provocó un daño patrimonial de 863 millones de pesos.

De acuerdo con el Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionados, la medida alcanza a la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas; al exsubsecretario de Egresos, César Alberto González López; al exdirector de Ingresos, Juan Luis García Hernández; y a Ignacio Valdez Benítez, exsubsecretario de Administración en Salud.

Las investigaciones administrativas determinaron que los exfuncionarios omitieron las alertas emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre la insolvencia de la institución financiera. Esta negligencia impidió el retiro oportuno de los recursos públicos antes de la revocación de la licencia del banco.

El daño a la hacienda pública

El monto involucrado asciende a 863 millones de pesos, los cuales permanecen retenidos en el proceso de liquidación judicial de la institución. La resolución de la Contraloría establece que la permanencia de estos capitales en una entidad con indicadores de riesgo crítico derivó en un presunto daño al erario.

Implicaciones legales y administrativas

La inhabilitación impuesta impide a los señalados desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público por periodos que varían según su grado de responsabilidad. No obstante, la dependencia estatal precisó que estas sanciones no interrumpen los procesos civiles o penales que pudieran derivarse.

La recuperación de los activos depende ahora del orden de prelación en el concurso mercantil de la institución financiera. El Gobierno de Hidalgo figura como uno de los acreedores, pero la disponibilidad de liquidez para cubrir el adeudo total no ha sido garantizada por los liquidadores designados.

La caída de Banco Accendo

En septiembre de 2021, la Junta de Gobierno de la CNBV notificó la revocación de la autorización de Banco Accendo para operar como institución de banca múltiple.

Desde entonces, los acreedores del banco han iniciado procesos legales para intentar recuperar capitales invertidos en dicha institución.