Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión sobre la constitucionalidad de la prisión vitalicia y la desaparición de diversos fideicomisos con lo que contaba el gobierno federal y cuyos recursos fueron destinados para la compra de vacunas contra el covid en el sexenio pasado.

Ambos proyectos son del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien en el tema de los fideicomisos plantea anular la eliminación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el Fondo contra el Cambio Climático, el Fondo para Atención a Víctimas y el Fondo de Inversión y Estímulos del Cine (Fidecine).

Sin embargo, propone avalar la extinción de fideicomisos para defensores de derechos humanos y periodistas y en materia de hidrocarburos, entre otros.

A petición de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y del ministro Alberto Pérez Dayán, los casos fueron aplazados hasta nueva fecha.

En el tema de los fideicomisos, todo indica que el proyecto de Ortiz Mena no prosperará, porque se trata de una acción de inconstitucionalidad en la que se necesitan ocho votos para aprobar el proyecto. Y es que el ministro Luis María Aguilar Morales pasará al retiro el próximo 30 de noviembre, por lo que el bloque opositor solo contará con siete votos.

Además, es poco probable que las ministras Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Alfh y Yasmín Esquivel Mossa, afines al movimiento de la Cuarta Transformación, voten a favor de la propuesta.

En la sesión de hoy, la ministra Esquivel Mossa pidió aplazar el tema de los fideicomisos por el siguiente motivo.

“ Yo recibí esta mañana un memorándum de 23 hojas de la Procuraduría Fiscal de la Federación con una solicitud de audiencia. Yo quisiera ver qué posibilidad existe de poder analizar cuidadosamente estas argumentaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación y, además, tener la posibilidad de escuchar a una de las partes, en ese sentido, y solicitarle al señor ministro ponente si hay posibilidad de dejarlo en lista para poder analizar esta situación”.

La prisión perpetua está prevista en el artículo 127, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, para el delito de homicidio doloso de tres o más personas.

En este caso, se trata de un amparo directo en revisión promovido por Juan Carlos Gámez Bernal sentenciado por cuatro homicidios (tres hombres y una mujer) en el bar “La Mascota”, crimen cometido el 14 de octubre del 2011.

El ministro plantea que la cadena perpetua es inconstitucional, por lo que debe individualizarse la pena.

En caso de avanzar su propuesta, la justicia en Chihuahua estaría obligada a dictar una nueva condena que no supere los 50 años de cárcel.