Ciudad de México.- Ante la presión de manifestantes y la relevancia de los asuntos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró este lunes cuatro proyectos de su lista de discusión y corrigió una pifia en la votación registrada la semana pasada por el secretario general de Acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, quien dio por aprobado un proyecto que en realidad fue rechazado.

Al inicio de la sesión pública del Pleno se anunció el retiro de dos propuestas de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, correspondientes a los amparos en revisión 424/2025 y 446/2025, en las que se sostenía que la Fiscalía General de la República (FGR) no puede asegurar inmuebles sin orden judicial. Los asuntos derivan de un caso de predios en Santa Fe intervenidos sin mandato de un juez, bajo el argumento del Ministerio Público de que son propiedad de la nación.

Asimismo, quedó en lista un proyecto de la ministra María Estela Ríos González relativo a la contradicción de criterios 127/2025, que propone establecer jurisprudencia con un criterio distinto al de Esquivel Mossa, al considerar que las órdenes judiciales no son necesarias para el aseguramiento de inmuebles por tratarse de una medida preventiva.

El cuarto asunto retirado fue otro proyecto de Ríos González sobre la contradicción de criterios 39/2025, relacionado con desalojos en la Ciudad de México, luego de protestas afuera de la Corte que provocaron un retraso de casi dos horas en la sesión.

Integrantes del Frente por la Vivienda Joven (FVJ) y del Frente Anti-gentrificación CDMX bloquearon —por primera vez desde la llegada de los nuevos ministros— los accesos del máximo tribunal y acusaron que el proyecto, que analiza el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos de la CDMX, abre la puerta a validar “desalojos forzados”.

Finalmente, al aprobar el acta de la sesión del jueves pasado se incorporó una errata para aclarar que no se alcanzó la mayoría necesaria para avalar el proyecto del ministro Hugo Aguilar Ortiz sobre la contradicción de criterios 223/2025, que buscaba fijar jurisprudencia para condicionar el pago retroactivo de pensiones jubilatorias a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Luego del error del secretario de Acuerdos que lo dio por aprobado, el asunto fue desechado y returnado a un ministro de la mayoría.