México, D.F.- La ola de inseguridad que azota al país ha obligado a ganaderos, comerciantes y empresarios a tomar justicia por mano propia, y existe evidencia de que los grupos armados de autoprotección se han multiplicado.

El riesgo, advierten fuen-tes consultadas, es que estos “vigilantes” violen la ley con investigaciones, o bien, ordenando asesinatos.

Un caso claro es el de Gildardo, restaurantero del DF eliminado por órdenes de su socio por una deuda.

Un testigo narró que tras insistirle en que le pagara el socio contrató a un grupo de sicarios, quienes secuestraron y mataron a Gildardo.

En Parral, Chihuahua, los jóvenes ganaderos Jorge y César Muñoz fueron detenidos por criminales. Uno de los hermanos fue ejecutado y el otro secuestrado, obligando a los padres a hipotecar propiedades para pagar el rescate.

Días después, desesperados por extorsiones y secuestros, ganaderos se reunieron con comerciantes, madereros y otros empresarios con la idea de protegerse con medios propios.

El 15 de enero irrumpió en la escena el “Comando Ciudadano pro Juárez”. Envió comunicados a medios informativos y a empresarios de Juárez en donde advertía que cada 24 horas mataría a un delincuente.

Dijo estar financiado por empresarios, y ofreció que “si tienen identificados a criminales pronto podrán mandar a una dirección electrónica datos de la gente mala que merece estar muerta”.

TOMAN LAS RIENDAS DE SU SEGURIDAD

Las llantas de la camioneta crujieron al machucar las piedras de la brecha que lleva del rancho San Isidro a Parral, en Chihuahua. Los hermanos Jorge y César, con un ayudante, regresaban a casa remolcando el ganado, que se mecía al son de los baches. Al caer la noche, el 3 de diciembre de 2008, en minutos la vida dio un vuelco para ellos y la ciudad entera.

Al reducir la velocidad para cruzar un arroyo, a 20 kilómetros de Parral, seis hombres vestidos de negro, encapuchados, los rodearon, los sacaron, los derribaron y les pusieron un pie al cuello mientras los sometían con sus armas. Al ayudante le ordenaron echar a correr por el cauce –llevaba 50 metros cuando al escuchar disparos pensó que eran para apresurarlo; luego supo que habían matado a César, quien iba armado. Liberaron el ganado y a bordo de la camioneta cruzaron Parral hasta Balleza, llevando consigo a Jorge.

Un amigo de la familia cuenta que los Muñoz Reyes, padres de los jóvenes, tuvieron que hipotecar los ranchos y pedir prestado para pagar unos 5 millones de pesos a los secuestradores, quienes diez días más tarde liberaron a Jorge en El Vergel.

Cinco días después de aquel asalto, desesperados por robos, extorsiones y secuestros, ganaderos parralenses empezaron a reunirse con comerciantes y otros empresarios. Hablaron de perseguir a los delincuentes, de protegerse con medios propios. “Sí –dice Arturo Chávez, presidente de la Asociación de Ganaderos del Parral–, es verdad que se mencionó esa posibilidad”, pero “el Gobernador tuvo a bien hablar con nosotros”.

Como en Chihuahua, por todo el país ganaderos, comerciantes y empresarios, así como comunidades de extranjeros, prevén la posibilidad de hacerse “justicia”. Lo mismo en Tijuana que en el Distrito Federal han decidido tomar las riendas de su seguridad.

JUÁREZ: UN E-MAIL PARA MATAR

El 15 de enero anterior, en Ciudad Juárez el denominado Comando Ciudadano pro Juárez apareció, enviando a los medios informativos y a empresarios un comunicado donde advertía que cada 24 horas mataría a un delincuente. Dijo estar financiado por empresarios de Chihuahua y ofreció que “si tienen identificados a criminales pronto podrán mandar a una dirección electrónica datos de la gente mala que merece estar muerta. Llegó la hora de terminar con este desorden en Juárez. Patria y justicia, por una nación para todos. Únete Pueblo”.

TIJUANA: PREFIEREN MATAR A LOS

SECUESTRADORES

Familiares de secuestrados en Tijuana hacen sus propias investigaciones y contratan para matar.

Una empresaria dedicada a asistir familias de secuestrados luego de haber resuelto el plagio de su hijo (para participar legalmente en la indagatoria se acredita como coadyuvante), reconoce que allá, una vez que los encuentran, algunos padres deciden mandar matar a los secuestradores de sus hijos. “¿Y qué les puedes decir, si al investigar te das cuenta de la corrupción y de lo involucradas que están las autoridades?”.

DF: LAS MISIONES DE PEPÍN Y GORILA

La historia de quienes prefieren ser identificados como Pepín, de 36 años, y El Gorila, de 16, de Iztapalapa, es ilustrativa de la acción privada de la justicia en el DF. Dicen que pertenecieron a la banda de “La Familia”, la cual los contrataba en ajusticiamientos, venganzas, golpizas y asesinatos, y hoy “trabajan” por su cuenta. Son contactados mediante un intermediario, quien los localizan vía telefónica; “es como un agente de ventas, y nosotros llegamos, ejecutamos y cobramos”. Su compromiso, precisan, es cumplir en 48 horas. Su principales clientes “son gente del Gobierno”, de los reclusorios y particulares. La colonia Nápoles, Centro Histórico y los alrededores de la Alameda, son las zonas donde aseguran haber secuestrado a más personas para matarlas.

LAS ‘CÉLULAS DE PROTECCIÓN’

Un nuevo problema es cuando aquellos a quienes una persona o un colectivo contratan para protegerse o matar se vuelven en contra. Guy Ben Nun, y Julio César García, presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas, conocen casos en el Distrito Federal de empresarios que armaron a guardaespaldas o choferes que después los extorsionaron o amenazaron.

El líder de los guardaespaldas cuenta que un cliente lo contrató porque sus escoltas, que llevaban ocho años con él, estaban robándolo. Al confrontarlos, empezaron a exigirle dinero, al parecer como liquidación. De pronto la gente se siente desprotegida otra vez, dice, porque los escoltas saben dónde vive, quiénes son sus hijos, padres, hermanos, además de las rutinas diarias”.

Frente a esto, asegura García, el sector empresarial se ha endurecido, “generando células de protección”, dedicadas a la investigación y ajusticiamientos por las agresiones sufridas.

Armar esas células no es complicado: en todo el país, explica, los empresarios acreditan como policías a gente de su mayor confianza, para así poder armarlas. A cambio deben pagar la mensualidad por usar los servicios de un oficial del Gobierno para tareas de seguridad privada. Otra posibilidad es registrar las armas como deportivas: y si la policía detiene a los guardaespaldas, éstos dicen que iban camino al campo de tiro o de cacería. Aparte, las policías complementarias (la Bancaria e Industrial y la Auxiliar) pueden legalmente intervenir en tareas de seguridad privada, mediante una cuota mensual.