Monterrey, NL.- Organismos civiles y privados demandaron al gobernador priista Rodrigo Medina suspender el megaproyecto hidráulico Monterrey VI, que traerá agua desde San Luis Potosí hasta la entidad, debido a que el plan está plagado de ilegalidades y fue elaborado con información falsa.

En conferencia de prensa, activistas que se oponen a la construcción de la tubería de 380 kilómetros de longitud consideraron inaceptable que la actual administración haya concesionado la construcción en septiembre y actualmente no se conozcan detalles del contrato que firmaron el gobierno y las empresas.

Entre las firmas cuestionadas está la de Concretos y Obra Civil del Pacífico, integrante del grupo Higa, de Armando Hinojosa Cantú, quien vendió a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto la cuestionada Casa Blanca, en la Ciudad de México.

A nombre de los organismos civiles, Alberto Fernández Martínez, presidente de Coparmex Nuevo León, afirmó que, hasta ahora, por lo que se sabe del proyecto de infraestructura hidráulica que tendrá un costo estimado de 47 mil millones de pesos, se han detectado por lo menos 15 inconsistencias que Medina de la Cruz debe aclarar.

El líder patronal precisó que se han incumplido preceptos de, por lo menos, las leyes de Asociaciones Público Privadas; General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la General del Desarrollo Forestal Sustentable.

Entre los amaños detectados, señaló que para recibir aprobación del proyecto Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), organismo paraestatal que lidera el plan, presentó en julio del 2012 un manifiesto de impacto ambiental (MIA) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 2008, cuando el documento había sido actualizado el 18 de julio de 2011.

Con esta información trucada, el gobierno de Rodrigo Medina omitió decir que la disponibilidad de agua hasta la última fecha era de casi 30% más que la reportada en la anterior MIA.

Precisó Garza: “El manifiesto mañosamente reduce los efectos negativos del proyecto, al presentarlo como regional, aunque presentando los impactos ambientales de manera fraccionada, por lo que no es posible llevar a cabo una evaluación de impactos en forma acumulativa”.

Entre otras omisiones, aparentemente dolosas, detectaron que la construcción de Monterrey VI prevé el cambio de uso de suelo de 250.4 hectáreas, aunque no se ha presentado ningún documento de autorización correspondiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Otra inconsistencia es la ubicación precisa del proyecto, pues mientras la MIA señala que el agua será extraída del río Pánuco, en el municipio potosino del Ébano, el informe final del plan muestra como lugar de origen el municipio de Tamuín, en el mismo estado.

Además, los activistas cuestionaron el plazo en el que realmente será necesitada el agua, además de que no hay agua en el Pánuco para bombear a Nuevo León, desde SLP, pasando por Veracruz y Tamaulipas.

La falta de transparencia del proyecto es total y no se ha demostrado que no haya conflicto de intereses, pues tampoco se ha demostrado que existe imparcialidad en la asignación del proyecto, que parece favorecer al constructor favorito de Peña Nieto, consideró Fernández Martínez.

“La contratación de la constructora envuelta en sospechas no puede pasar desapercibida”, dijo el directivo privado.

Los inconformes pidieron a Medina de la Cruz que suspenda la construcción de la obra hasta que no exista una apertura total de la información que la rodea, lo que hace suponer sobre una asignación deshonesta.

También rechazaron el argumento del mandatario, quien se niega a hablar del proyecto porque la actual es temporada de veda electoral y el tema “se ha politizado”.

Además de Fernández Martínez, estuvieron en la conferencia Coosijoopi Montero, de Reforestación Extrema; Daniel Butuille, de Evolución Mexicana; Malaquías Aguirre, de Vertebra; Sandrine Mollinard, de Consejo Cívico, y Darío Treviño, de Canaco Monterrey.

bs