Monclova, Coah.- El sueño de reactivar la industria acerera en Coahuila sufrió un duro golpe luego de que colapsó por completo el proceso de adquisición de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa), dejando a miles de familias de la Región Centro inmersas en la más profunda incertidumbre sobre el futuro de su fuente de empleo.

La Sindicatura de la acerera informó formalmente al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles que la oferta por mil 400 millones de dólares presentada por la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), quedó sin ningún sustento legal.

El desplome de la operación se concretó al expirar de manera implacable el plazo de diez días hábiles que se había otorgado tras la subasta del pasado 25 de septiembre, lapso en el cual los representantes de CIESA, encabezados por José Arturo Domínguez Arteaga, jamás lograron acreditar ni depositar los 56.3 millones de dólares requeridos como garantía de seriedad, equivalente al cinco por ciento del precio mínimo de venta.

Este incumplimiento financiero se sumó al rechazo previo que el tribunal dictó ante la solicitud de una prórroga de 90 días que los postores exigían para auditar los activos de las compañías.

Con esta negativa y la falta absoluta de liquidez para respaldar la palabra empeñada en la subasta, la segunda puja pública por los bienes de AHMSA y Minosa fue declarada oficialmente desierta, sepultando las expectativas inmediatas que se habían generado en torno a la recuperación de la siderúrgica.

Ante este escenario de crisis procesal y el fracaso de la vía de enajenación directa, las alternativas financieras para rescatar lo que queda del complejo industrial se reducen drásticamente.

Sin embargo, los mecanismos legales del concurso mercantil aún contemplan rutas de protección para salvaguardar los derechos de los involucrados cuando las subastas fallan. En este contexto, la esperanza de supervivencia para las unidades productivas recae ahora en la propuesta presentada por los acreedores institucionales Cargill y Afirme.

Ambas instituciones financieras mantienen vigente sobre la mesa la alternativa de conformar un consorcio empresarial sólido que asuma el control de las operaciones, una salida que el Consejo de la Judicatura Federal evalúa como la vía más viable para evitar la liquidación total de las compañías y buscar una reactivación paulatina de la economía en Monclova.

Por su parte, la Sindicatura, bajo la encomienda de Víctor Manuel Aguilera Gómez, notificó que se mantendrá informada a la autoridad judicial sobre cada nuevo movimiento, reiterando que el objetivo prioritario de las siguientes determinaciones procesales será blindar los derechos laborales de los obreros y encontrar una salida financiera urgente que devuelva la estabilidad a la región coahuilense.

Una ilusión

Al concluir la subasta donde el dueño de la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas ofreció la más alta propuesta de mil 400 millones de dólares, se mantuvo firme en que tenía los recursos para adquirirla, e ilusionó a los ex trabajadores de AHMSA, incluso publicando el martes en redes sociales haber depositado la fianza solicitada.

Incumplido

“Al concluir el plazo concedido por el Juzgado Segundo de Distrito Mercantil, para exhibir la garantía de seriedad por un importe de 56.3 millones de dólares, sin que ninguno de los postores precalificados, incluida CIESA, haya cubierto la cantidad requerida”.

Plan B

“En este escenario, permanece abierta la alternativa planteada por los acreedores garantizados Cargill y Afirme, quienes solicitaron la integración de un consorcio par participar en la adquisición de AHMSA y Minosa, como parte de las opciones contempladas para dar continuidad al procedimiento de venta”.

Otra burla

“El postor calificado y a quien se tuvo ofreciendo postura en audiencia el 25 de septiembre, solo depositó cinco mil pesos, por lo que se concluyó que no exhibió la garantía de seriedad”.

Va la FGR

La Sindicatura, el Juzgado Segundo ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, a efecto de que determine si se actualiza el hecho considerado como delito de falsedad de declaraciones, previsto en el artículo 247 del Código Penal Federal, o en su caso, aquel que en el ámbito de sus facultades constitucionales estime.