Saltillo, Coah.– Contrario a lo advertido por la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, la distribución de libros de texto en Coahuila continua parada hasta saber las determinaciones legales que se emitan el próximo 18 de agosto, informó el secretario de educación Francisco Saracho Navarro.

Lo anterior fue dado a conocer después de la reunión de autoridades educativas en Pachuca, Hidalgo; donde el coahuilense se abstuvo de apoyar el acuerdo R.58 20 donde se establecía la conformidad para el reparto del material educativo.

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No apoyamos la propuesta de la secretaria” sentenció el funcionario estatal quien confirmó que en tanto no exista una determinación legal que obligue o no a la secretaría coahuilense a entregar los libros estos seguirán resguardados.

Fue en días pasados cuando Saracho Navarro advirtió que sería 10 días antes del regreso a clases cuando se lleve a cabo una audiencia constitucional para determinar si los amparos interpuestos por diversas organizaciones civiles son procedentes.

En tanto que la dependencia a su cargo continua trabajando con especialistas de las distintas materias, docentes y padres de familia, “para buscar soluciones técnicas que permitan enfrentar el reto de continuar mejorando la educación” y dar certeza respecto algunos temas polémicos que pudieran presentarse.

Dentro de las acciones a tomar en Coahuila se encuentra determinar con base en el análisis de los libros de texto, las áreas de oportunidad para el mejoramiento y enriquecimiento de su contenido en todos aspectos.

En entrevista para Tele Zócalo Nocturno, el secretario de educación de Coahuila, reveló que se valora la posibilidad de instalar una mesa jurídica que se mantenga atenta de los resolutivos judiciales a fin de saber si existe o no un juicio.

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Nosotros en Coahuila vamos más allá, vamos con el reforzamiento de las asignaturas de español y matemáticas y en la preparación del arranque del próximo ciclo escolar el 28 de agosto”, señaló el secretario de Educación en el estado, Francisco Saracho, respecto a la controversia de los libros de texto gratuitos. 

Recalcó que ya se encuentran especialista coahuilenses realizando un análisis, hoja por hoja, de los libros de texto con la finalidad de solventar las faltas y errores de los tomos. 

Por su parte, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, señaló que los cuestionamientos y críticas a los nuevos libros de texto gratuitos (LTG) derivan del cambio profundo y la nueva perspectiva que representan para la educación de niñas, niños y adolescentes.

En un comunicado destacó que con fundamento el Artículo 3 constitucional, la SEP y autoridades educativas de 31 estados del país acordaron que en conveniencia y privilegiando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, los nuevos Libros de Texto Gratuitos se distribuirán en todas las escuelas del país el 28 de agosto, fecha de inicio del ciclo escolar.

Reiteró que continuará la distribución de los nuevos LTG, por lo que niñas, niños y adolescentes de todo el país contarán con estos materiales.

Por su parte, el titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la SEP, Carlos Puga Bolio, reiteró a titulares de Educación de los estados que no existe ningún recurso legal que impida la distribución de los nuevos LTG.

Contrario a lo advertido por la Secretaría, la distribución de libros de texto gratuitos en Coahuila permanece detenida hasta en tanto no se conozca las determinaciones legales que se emitan el próximo 18 de agosto, confirmó Saracho Navarro. 

Durante la reunión de autoridades educativas de 31 estados en Pachuca, Hidalgo, el funcionario coahuilense se abstuvo de apoyar el acuerdo R.58 20, donde se establecía la conformidad para el reparto del material educativo. 

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No apoyamos la propuesta de la secretaria (Leticia Ramírez Amaya)”, sentenció el funcionario estatal, quien confirmó que en tanto no exista una determinación legal o resolutivo sobre el contenido de los mismos, los libros seguirán resguardados. 

Saracho Navarro advirtió que sería 10 días antes del regreso a clases cuando se lleve a cabo una audiencia constitucional para determinar si los amparos interpuestos por diversas organizaciones civiles son procedentes. 

Con información de  Agencia Reforma y El Universal