Se tambalea el Poder Judicial

Nunca imaginaron los magistrados coahuilenses votar en contra de un tema álgido en materia de derechos humanos, sin detenerse a pensar que desde Coahuila es algo que el propio gobernador Miguel Ángel Riquelme presume en terrenos internacionales como los principales logros de protección y acompañamiento a las víctimas de delitos.

Por la decisión de los magistrados, ahora mismo los familiares de desaparecidos están dispuestos a todo. No saben si les irritó más el voto que emitieron, o los pobres argumentos para justificar su decisión.

Lucha intestina

El único que defendió la propuesta de favorecer a las familias de desaparecidos y a las propias víctimas, fue el magistrado Luis Efrén Ríos Vega. Al parecer, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, no advirtió los alcances de bajar línea a los otros magistrados para votar en contra. Quedó en claro: en su disputa con Luis Efrén, perdió las formas, la institucionalidad y dejó a Coahuila muy mal parado, al grado que organismos internacionales, representaciones del Gobierno federal y familiares de víctimas de desaparición, se le fueron encima al Gobernador.

Vienen turbulencias

No midió Miguel Mery y El Marqués, que todo lo sabe, tiene conocimiento de que el Ejecutivo del estado está en pláticas con el Poder Legislativo para corregir la plana y aprobar las reformas en materia de derechos humanos que garanticen un estado imparcial en esta materia y, entrados en gastos, la creación de un tribunal de derechos humanos que de manera permanente esté al pendiente de los temas prioritarios de la sociedad. Se esperan turbulencias en el Poder Judicial de Coahuila.

Nada alentador 

De encender las alarmas, la advertencia de la senadora coahuilense Verónica Martínez García. Como viene el Presupuesto de Egresos del Gobierno federal para el próximo año, están en riesgo los proyectos de construcción de clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en las distintas regiones del estado, necesarias para darle respuesta al incremento en el número de derechohabientes.

De seguro no fue su intención sonar fatalista, pero la legisladora adelantó que, en materia de infraestructura, las inversiones vienen tan regateadas para el estado, que lo único visto al horizonte es la modernización de la carretera entre Saltillo y Zacatecas.

Se fueron 

Que no le gustan las despedidas, las ceremonias, ni los discursos. El caso es que este viernes vimos a un Alejandro González Estrada desencajado, en su última sesión como consejero del Instituto Electoral de Coahuila.

Ingeniero electoral (mapache, le llamaban los malpensados) desde los tiempos del desaparecido Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPC), hay quienes aseguran que está lejos de pasar a la estadística del desempleo e incluso mencionan que tiene chamba y oficina asegurada por el rumbo de Insurgentes.

La despedida, para él y su excolega Gustavo Espinosa Padrón, la organizó, y bien, la consejera presidenta Gabriela de León Farías.

Inicia funciones 

Inició funciones como vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales y Difusión, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la coahuilense Ludivina Leija Rodríguez. La subsecretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas en Coahuila, tiene encargos especiales y de colaboración directa con la presidenta del organismo, Diamantina Perales Flores.

En ceros 

Por cierto, acaba de salir el informe de la Auditoría Superior de la Federación, que encabeza David Colmenares, y el Gobierno de Coahuila salió bien librado al no contar con observaciones cuantificadas.

La ASF puso lupa en la Administración de Miguel Ángel Riquelme; le revisó partidas de fondos como el de Aportaciones Múltiples, Aportaciones para la Educación Tecnológica de Adultos y el de Aportaciones para la Seguridad Pública, entre otros, por una suma de 5 mil 671 millones 910 mil 100 pesos, es decir, la auditoría fue de 95.77%, y salió en ceros.

También Saltillo 

La Auditoría Superior de la Federación también se aplicó en revisar el desempeño presupuestal del Ayuntamiento de Saltillo, en lo que tiene que ver con aportaciones federales, y, como el de Riquelme, el gobierno de Manolo Jiménez Salinas también resultó sin observaciones.