Finalmente, este lunes, en el Congreso del Estado se llevó a cabo la toma de protesta de los nuevos titulares de las magistraturas y juzgados de primera instancia del Poder Judicial de Coahuila, que inevitablemente resultaron electos en la inédita jornada electoral celebrada el 1 de junio del presente 2025. En esta toma de protesta, 16 magistradas y magistrados y 90 juezas y jueces levantaron la mano para hacer el compromiso de desarrollar su labor con vocación social, profesionalismo, independencia e imparcialidad.

Una vez concluida la toma de protesta, se llevó a cabo la instalación del nuevo Pleno, integrado por estas magistradas y magistrados, más los que conservaron su puesto, para elegir, entre ellos, al presidente de este Tribunal Superior de Justicia, lo que terminó en la ratificación, o quizá reelección, del magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, quien desempeñará su cargo hasta el 31 de agosto de 2027.

Así pues, todo marchaba conforme lo habían planeado; sin embargo, la cosa se puso interesante cuando, en su mensaje, el reelegido presidente resaltó el propósito de transformar al Poder Judicial, con cercanía, empatía y transparencia, reconociendo que la justicia requiere sensibilidad y un fuerte sentido humano.

“La justicia debe ser una causa, no una dádiva ni un programa electoral. Se propone un nuevo juzgador: cercano a la gente, que use las redes con respeto, con seriedad, empatía y profesionalismo, que se mantenga actualizado y respete la carrera judicial” aseguró.

En el mismo tenor, el magistrado presidente se refirió al uso incorrecto del principio de independencia judicial, que ha sido utilizado como excusa para evadir la rendición de cuentas; lo anterior, en franca alusión a sus antecesores que jamás explicaron el por qué invirtieron el presupuesto del Poder Judicial en una financiera que terminó defraudándolos.

Ya para rematar, Mery Ayup, dejó caer un reclamo, al asegurar que el papel del Poder Judicial en el contexto mexicano, a pesar de ser uno de los tres poderes fundamentales, siempre ha sido relegado en términos de inversión y fortalecimiento institucional. “La justicia no ha sido vista como una inversión rentable desde el punto de vista político o electoral, y eso ha tenido un costo alto para la sociedad; a pesar de ser la instancia a la que la ciudadanía acude diariamente para resolver conflictos y buscar justicia en su vida cotidiana”.

En el Presupuesto de Egresos de Coahuila, para el Ejercicio Fiscal 2025 se asignó al Poder Judicial la cantidad de $1,300,479,126.86, cantidad bastante similar a la que los gobiernos de los estados de San Luis Potosí y Sonora, con la misma densidad poblacional que Coahuila, asignan a sus Tribunales; sin embargo, Miguel Mery Ayup, asegura que su Tribunal enfrenta una carga presupuestal significativa, por lo que, desde 2023 ha solicitado un presupuesto de mil 400 millones de pesos, argumentando la necesidad de más jueces y personal para atender con eficacia la creciente demanda de justicia, incremento que hasta hoy no ha podido lograr.

Como es de verse, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado, fundó su mensaje en la evidente necesidad de contar con más recursos económicos, ya que, hasta no tenerlos, se podrá ofrecer un servicio digno en la administración de justicia. O lo que es lo mismo, por lo pronto seguiremos igual.