La invasión militar de Rusia a Ucrania ha traído consecuencias económicas al resto del mundo, una de ellas la interrupción en la cadena de suministros alimentarios, que ha obligado al replanteamiento de las políticas agropecuarias en naciones importadoras de granos, pues Rusia y Ucrania son de los principales productores de cereales a nivel mundial. El bloqueo a los puertos marítimos ucranianos del Mar Negro por las tropas rusas ha ocasionado cuellos de botella en el avituallamiento de tales bienes.

La seguridad alimentaria vuelve a la agenda de los políticos en los países que tienen el potencial para extender sus fronteras agrícolas y multiplicar su productividad agrícola. Para el caso de México, quedaron marginados y lejos de la realidad contemporánea los razonamientos de antaño del comercio exterior, que hablaban de las ventajas comparativas regionales, teorías que afirmaban que se deben de importar aquellas mercancías en las cuales el país tiene mayores costos de producción al producirlos en relación con las mismas, pero que se pueden adquirir en el extranjero.

Un ejemplo que se citaba con frecuencia por los defensores a ultranza del libre comercio: México y Estados Unidos y un producto a comercializar entre sus fronteras: el precio de la tonelada de maíz era menor en Estados Unidos, y por ende era más económico comprárselo y dejarlo de producir en el agro nacional. La inferioridad en los costos lo lograba la economía americana por tener mayores rendimientos por superficie sembrada, gracias a la tecnificación del campo y a los apoyos recibidos de su Gobierno. El diferencial de precios entre ambos socios comerciales determinaba que se tomaran ese tipo de criterios de importación, que se materializaban desde la Secretaría de Economía. El veredicto del gobierno de aquel entonces era lapidario e indiscutible: el agricultor nacional debía sembrar productos en donde fuese más competitivo, que se reflejaría en mayor rentabilidad económica, eso solo para la agricultura no social.

Bajo condiciones “normales” de estabilidad política y militar los postulados teóricos anteriores revelan la lógica y congruencia de los mercados. Sin embargo, no consideraban la llamada soberanía alimentaria, que asegura el abasto doméstico (autoconsumo) ante y a pesar de circunstancias extraordinarias que sucedan más allá de las fronteras, como las que se viven por el conflicto armado. Por otra parte, si se revisa la balanza comercial mexicana durante el primer trimestre del año (2022), en la clasificación de bienes agroalimentarios de mayor importación, llama la atención que aparecen tres cereales: maíz, sorgo y trigo, en los cuales la economía del campo es deficitaria (fuente: Inegi).

A pesar de que el maíz tuvo su origen en México, ahora se depende del mercado externo. Después de la desaparición de Conasupo y Fertimex, así como de otras dependencias y de varios programas de apoyo al campo, ningún Gobierno se había puesto como meta recuperar la soberanía alimentaria que se tuvo, o mejor dicho se aproximó a tenerla con la revolución verde de antaño; la desatención gubernamental ha sido generalizada, incluyendo la presente Administración (2018-2024).

Fue un lamentable suceso bélico, acompañado del alza en el índice de precios, lo que obligó a reconsiderar al agro. Para ello, los programas Sembrando Vida, Producción para el Bienestar y de Fertilizantes tratarán de contribuir a la producción de granos, para lograr la meta de 2 millones de toneladas. Las tarifas que se pagan de peaje en las carreteras permanecerán sin cambio, al igual que las ferroviarias, al menos hasta el próximo mes de octubre. Para no “castigar” sobremanera a los pequeños productores se considerará un precio mínimo de compra a estos, cuando comercialicen maíz, frijol y arroz. El consumo de maíz debe cuidarse, por ser históricamente parte de la dieta de las familias mexicanas. Para evitar un probable desabasto, el Gobierno tendrá una reserva de millón de toneladas de ese grano.

Ojalá que las acciones anteriores no solo respondan a la coyuntura económica y militar, sino que se contemple al agro como un sector estratégico, pues a medida que pierden credibilidad las teorías económicas para el crecimiento económico, formuladas en universidades estadunidenses y que fueron seguidas por la mayoría de los países latinoamericanos y por el FMI, la ciencia económica aún no tiene en su “caja de herramientas” paradigmas consolidados que puedan reemplazar los postulados keynesianos y neoclásicos. La Secretaría de Hacienda está manejando políticas fiscales y comerciales que se mueven entre estas dos visiones ideológicas de la percepción  de la economía. Por ejemplo, la intervención del Gobierno en los subsidios a los carburantes y energía elécctrica se puede considerar como una recomendación keynesiana; en cambio, la política que maneja a la banca comercial es de corte neoclásico.