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La Jornada
Publicado el martes, 31 de marzo del 2026 a las 18:29
Ciudad de México.– Con el objetivo de terminar con la disparidad de criterios que frena la justicia para las mujeres, el Senado de la República recibió una iniciativa de reforma constitucional enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta busca facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de Feminicidio, estableciendo bases uniformes para su tipificación y sanción en las 32 entidades federativas.
Actualmente, el feminicidio se castiga de forma distinta dependiendo del estado donde ocurra el crimen. Según la exposición de motivos de la mandataria, esta “fragmentación normativa” genera desigualdad en la acreditación de razones de género, agravantes no homologadas y, en última instancia, escenarios de impunidad que debilitan el sistema judicial.
La reforma plantea modificar el artículo 73 de la Constitución, permitiendo que el Legislativo Federal cree un marco jurídico que iguale los estándares de investigación con perspectiva de género y fortalezca la coordinación entre fiscalías estatales y la Federación.
Ejes centrales de la iniciativa:
– Tipo penal único: Evitar que hechos similares sean calificados de forma distinta según la región.
– Reparación del daño: Garantizar acceso efectivo a la justicia y medidas de restitución para las víctimas indirectas.
– Protección a la orfandad: Se contempla una protección reforzada para niñas, niños y adolescentes que pierden a su madre por este delito, atendiendo sus necesidades emocionales y económicas.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, recibió el documento asegurando que se dará prioridad al análisis de esta herramienta jurídica. La legisladora enfatizó que la meta es legislar para que “nunca más una mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer”.
Con este paso, el Gobierno Federal busca transitar de un modelo de justicia fragmentado a uno de tolerancia cero, donde la seguridad de las mujeres no dependa de su ubicación geográfica, sino de un estándar nacional de protección y persecución del delito.
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