Ciudad de México.- En un nuevo pronunciamiento, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que iniciará un procedimiento penal inmediato contra el juez que absolvió a Rosario Robles al señalar que veredicto “es un acto de injusticia inaudito”.

La dependencia, a cargo de Alejandro Gertz Manero, anunció desde ayer que procedería en contra de Roberto Omar Paredes Gorostieta por su fallo a favor de Robles en “uno de los casos más escandalosos de corrupción y de daño patrimonial para el País”, denominado la “Estafa Maestra”.

“Todas las pruebas acumuladas en este juicio señalan, con absoluta claridad, la responsabilidad penal correspondiente; y el hecho de que el Juez Penal Roberto Omar Paredes Gorostieta, en funciones de Juez de Control, haya sobreseído en forma total y con efectos de sentencia absolutoria, a favor de María del Rosario ‘R’, es un acto de injusticia inaudito que, por carecer de fundamento, obliga a esta Institución a iniciar un procedimiento penal inmediato”, indicó.

Además, opinó que el sobreseimiento decretado por dicho juez, adscrito a un Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, es una violación flagrante a todos los expedientes penales que señalan las responsabilidades correspondientes.

“Y declarar que eso ‘no constituye delito’ es algo absurdo e inaceptable, ya que dicha afirmación no está sustentada, ni fundamentada en los hechos ni en las leyes ni en las pruebas”, afirmó.

“Asimismo, dicho juez penal, contrariando lo que señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 118, que establece con toda claridad la independencia de las responsabilidades administrativas de las penales, utiliza dolosamente una legislación que no es aplicable penalmente para violentar la ley y las constancias que existen en los expedientes penales respectivos”.

También sostuvo que la afectación al patrimonio nacional quedó evidenciada en todos esos juicios, principalmente en el caso de Robles, a quien se le imputó el delito de ejercicio indebido de servicio público.

“Ya que dicha persona, como titular de las áreas involucradas, supo de los delitos ya señalados y existen pruebas abundantes al respecto; y no avisó por escrito a su superior jerárquico, ni impidió ni evitó ese saqueo, estando dentro de sus obligaciones hacerlo; lo cual generó un enorme daño patrimonial de recursos que deberían de haber ido a los sectores más necesitados del País y que fueron saqueados de una manera dolosa y abusiva”, insistió.

“Independientemente de que todas las objeciones señaladas se incorporarán a la apelación correspondiente, la Fiscalía General de la República no puede omitir su responsabilidad de perseguir la comisión de un presunto delito contra la administración de justicia”, añadió.

El órgano de justicia recordó, que hasta este momento, la cantidad saqueada supera los 5 mil millones de pesos y existen 24 casos penales federales en donde están involucradas más de 50 personas, en averiguaciones previas y en carpetas de investigación, todas ellas de carácter penal, que han sido judicializadas en su momento.