Si bien México y Coahuila han dado pasos importantes para consolidar la estrategia anticorrupción y la agenda de apertura total y transparencia en procesos de compra y asignación de contratos con dinero público, el mayor pendiente en esta ruta es la recuperación del dinero defraudado a las arcas de la Nación y los estados de la República.

Así lo ha dicho en entrevistas y conferencias el activista Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

Parece que la percepción es que la recuperación de activos es una asignatura pendiente en las entidades del país y, claro, en el Gobierno de la República y las instancias encargadas de investigar y sancionar delitos graves por hechos de corrupción.

En Coahuila, hace un par de semanas los medios de comunicación daban a conocer la detención e ingreso al Centro de Reinserción Social Varonil de un exalcalde de la Región Sureste de este estado, que luego de unos días de permanecer privado de su libertad apeló a un beneficio legal por cuestiones de edad y de salud. Dejó el penal y ahora sigue el proceso desde casa y con brazalete puesto.

Hasta ahí, todo está bien. Es un tema de derechos humanos, de garantías de las personas, de legalidad en el proceso y es obligación de las autoridades respetar la petición del señalado.

Pero ¿qué mensaje se envía a la sociedad, a la opinión pública? ¿Que en Coahuila prevalece la impunidad?, es pregunta. Porque la percepción es un indicador que permite medir el nivel de corrupción en una sociedad.

Además, mucho se ha dicho que mientras la recuperación de activos o la enmienda de daños al erario no quede evidenciada y concluida, podría ser un mal incentivo para las personas, no solo quienes están en la parte pública, sino en la privada también.

La falta de recuperación de activos es un tema que se ha venido señalando desde la visión de los colegiados anticorrupción, académicos, empresarios, especialistas, activistas e investigadores.

No importa tener cárceles llenas de personas o de “corruptos de moda” –como dice Merino– en épocas electorales, pues lo sobresaliente es devolver a la Nación, los estados o municipios el dinero público utilizado indebidamente con fines personales. Es ahí donde es importante generar un análisis de las atribuciones de las autoridades y de las fiscalías especializadas.

Hay que añadir que la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención en el Combate a la Corrupción en el país, María de la Luz Mijangos, planteó al Senado la necesidad de una serie de reformas a legislaciones federales que den mayores atribuciones a la oficina a su cargo y con ello puedan reconsiderarse ajustes en las entidades. Pero hay que insistir en la recuperación de activos. Es ahí donde está el problema.