Ciudad de México.- El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, rechazó que el gobierno federal dé un “manejo político” a la supuesta intervención del crimen organizado y narcotráfico en las elecciones de Michoacán con el objetivo de tensar el ambiente rumbo al 2012.

Por separado, la procuradura Marisela Morales dijo que la PGR no será utilizada con fines electorales y que actuará sin presiones y sin ningún tipo de intereses partidistas.

“La Procuraduría solamente cumple con su función constitucional, y así va a actuar de manera responsable y con estricto apego a la ley, sin ningún tipo de presiones ni de intereses partidistas, ni de ningún otro tipo”, dijo.

Ayer, en el marco de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que validó al priísta Fausto Vallejo como gobernador de la entidad, Poiré afirmó que son las autoridades electorales las únicas encargadas de determinar si las acciones emprendidas por el narco y documentadas, impactan o no en el resultado final.

“La valoración de las distintas impugnaciones de los partidos políticos, que no del gobierno federal, le corresponde a las autoridades electorales y nosotros seremos respetuosos de esas determinaciones. Sin embargo, también lo hemos dicho, los hechos que se han dado allí son precisamente lo que nos motiva a reconocer que estamos ante un reto, y tan es así que hoy otras fuerzas políticas, más allá de la autoridad, están reconociéndolo y están actuando en consecuencia”.

Admitió que “hay preocupación” por la posible intervención del narcotráfico en las elecciones de 2012, y resaltó que el convenio recientemente firmado con el IFE incluye un nuevo protocolo de seguridad para los candidatos presidenciales que así lo soliciten, pero se reservó los detalles.

Poiré Romero pidió a las bancadas del Congreso de la Unión no frenar el trabajo legislativo, y aprobar las reformas que se requieren para el desarrollo del país, independientemente del interés electoral de cada uno de los siete partidos políticos.

En tanto, la procuradora Marisela Morales rechazó las teorías vertidas por los partidos de oposición en el sentido de que la PGR podría ser utilizada como un instrumento de presión contra gobernadores y ex gobernadores priístas, previo a los comicios federales.