Nacional

Publicado el martes, 3 de marzo del 2026 a las 23:59
Ciudad de México.- El Senado de la República recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar el artículo 127 constitucional y establecer un límite a las jubilaciones y pensiones en entidades públicas.
El proyecto será turnado a comisiones para su análisis. La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, explicó que la propuesta busca fijar un tope de 70 mil pesos mensuales a las pensiones de exfuncionarios de organismos como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y el Banco de México.
La meta, detalló, es que ningún exservidor público de estas instituciones reciba más del 50% del salario de la Presidenta de la República. De aprobarse, el ajuste permitiría un ahorro estimado de 5 mil millones de pesos anuales, recursos que podrían destinarse a programas sociales.
La reforma apunta a eliminar pensiones que superan los 100 mil pesos mensuales en organismos descentralizados, empresas productivas del Estado, fideicomisos públicos, empresas con participación estatal y banca de desarrollo.
Datos de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno indican que en Luz y Fuerza del Centro —en proceso de liquidación— 9 mil 457 extrabajadores reciben pensiones que van de los 100 mil hasta un millón de pesos; de ellos, 3 mil 504 perciben más que el sueldo neto mensual de la titular del Ejecutivo federal.
En Petróleos Mexicanos, 544 pensionados superan las percepciones presidenciales, con un costo anual de mil 827 millones de pesos. En la Comisión Federal de Electricidad, 2 mil 199 jubilados rebasan ese monto, lo que representa 4 mil 496 millones de pesos al año.
En la banca de desarrollo también se registran casos: en Nacional Financiera hay nueve pensionados por encima del salario presidencial; en Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos son 19; y en Banco Nacional de Comercio Exterior, 22 personas perciben montos superiores.
La propuesta excluye las pensiones de las Fuerzas Armadas, las jubilaciones derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales de retiro y los apoyos destinados a personas adultas mayores.
La discusión comenzará en comisiones en los próximos días, en medio del debate sobre el alcance del principio de austeridad y equidad salarial en el servicio público.
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