Despenalizar el aborto ¿Qué implica?, me preguntaba una alumna en la universidad donde la clase se imparte de manera híbrida. El debate con el grupo de estudiantes comenzó luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciara la discusión para declarar inconstitucional la criminalización del aborto en Coahuila. Lo que finalmente fue aprobado por los ministros de la Corte.

Dos alumnas, quienes forman parte de grupos feministas en Saltillo, y que promueven el activismo a favor de la legalización del aborto, bajo el argumento de que cada mujer decide sobre su cuerpo y que lo importante es generar pedagogía sobre la sexualidad y el uso de métodos de control natal, fueron tajantes en su postura apoyando la disposición de la Corte.

En tanto, otros alumnos se dijeron a favor de la vida y no del aborto. Primero por tratarse de un derecho, el de la vida del no nacido y, en segundo lugar, los jóvenes aseguraron que, por sus creencias religiosas, no respaldarían dicha práctica.

Es tópicos generan siempre visiones polarizadas, contrarias y hasta impregnadas con valores, religión, creencias, educación sexual, moralidad o discursos para mediatizar la libertad de apoyar o no esta causa. Sea cual sea la definición que se tenga sobre el aborto, es respetable y creo que las discusiones en la Corte buscan dar libre albedrío a quienes toman una decisión de ese tipo.

En la sesión del lunes, ocho ministros se pronunciaron a favor de respaldar el proyecto a cargo de la ponencia de Luis María Aguilar. En dicho documento, se considera que la legislación de Coahuila afecta los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres.

Lo anterior, a partir de la acción de inconstitucionalidad identificada con el número 147/2017, que fue propuesta por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), pues el Artículo 196 del Código Penal de Coahuila, establece que “se impondrá de uno a tres años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de ella”.

Sobre el tema y la discusión que inició el lunes, Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, dijo que “las razones que llevan a abortar a una mujer, las condiciones de insalubridad y clandestinidad en que algunas se ven forzadas a hacerlo, las secuelas, la criminalización de las que son objeto o la obligación de llevar un embarazo no deseado, producen un dolor humano inimaginable”.

En este mismo tenor, el lagunero Javier Laynez Potisek consideró que “criminalizar y enviar a prisión a una mujer que interrumpe su embarazo es violencia de género, y eso está prohibido por la Constitución de México”.

Aunque habría que reflexionar sobre la carencia de educación sexual entre jóvenes para evitar la transmisión de enfermedades, embarazos no planeados y disminuir la mortalidad en mujeres y niñas que dan a luz en medio de condiciones de alto riesgo para ellas y su recién nacido (a). Porque además es parte de la agenda planteada en las llamadas Metas del Milenio (ONU, 2000).