En días recientes, durante una entrevista concedida por el ministro en retiro Javier Laynez Potisek, este puso el dedo en la llaga sobre un asunto que debería encender todas las alarmas del Estado mexicano.

Al abordar los efectos de la reforma judicial y la eliminación de la primera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para operar únicamente en Pleno, Laynez advirtió sobre el peligro de convertir la impartición de justicia en una destructiva carrera contra el tiempo.

Desde el nuevo discurso oficialista se presume una supuesta producción histórica de resoluciones diarias, contrastándola con el ritmo del tribunal anterior.

Lo que deliberadamente se omite es que la alta justicia jamás puede medirse bajo parámetros de productividad.

Quienes conocemos el oficio jurídico comprendemos que los asuntos que escalan a la Suprema Corte no son meros trámites procesales; son casos donde yacen flagrantes violaciones a las garantías constitucionales, conflictos entre poderes o la interpretación misma de los derechos fundamentales de los gobernados.

Resolver a destajo, de manera tumultuaria e irreflexiva, no es signo de eficiencia: es una irresponsabilidad institucional.

De confirmarse esta “maquila de sentencias”, la conclusión lógica es devastadora: la Suprema Corte ha dejado de analizar el fondo de los litigios para dedicarse, de manera autómata, a confirmar en serie las resoluciones de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, mismos que a su vez ya han declarado como firmes las sentencias emitidas por jueces menores o de primera instancia, a pesar de sus carencias de justicia y derecho.

Se trata de un tribunal constitucional que ha perdido su rumbo, su mística y su razón de ser.

La quiebra del modelo no es una simple suposición; la fractura proviene del corazón mismo del movimiento. Recientemente, la exministra y diputada Olga Sánchez Cordero anunció su retiro definitivo de la vida pública tras admitir que la denominada cuarta transformación “perdió el ritmo y el modo”.

Que un perfil de su trayectoria técnica e histórica reconozca que en el oficialismo se vota por línea parlamentaria, se aprueban reformas sin leer y se destruyó la carrera judicial mediante insostenibles tómbolas, confirma el desastre: hasta a sus perfiles más letrados les resulta insostenible atestiguar este avasallamiento institucional.

El impacto de este fenómeno no se agota en la capital. En los estados, ahora, presenciamos un preocupante proceso de metástasis. Juzgadores improvisados, carentes de oficio técnico y catapultados por prebendas políticas, emiten fallos abiertamente contrarios al derecho, sintiéndose seguros de que arriba no hay un órgano superior con la solvencia moral para auditarlos, sino una maquinaria urgida de desechar expedientes, que vulnera el pilar que sostiene el estado de Derecho desde 1917.

Un país sin un Poder Judicial independiente y técnicamente sólido es una nación a merced del abuso.

La justicia no es un bien que se pueda fabricar en serie para maquillar cifras de Gobierno; la justicia exige estudio, templanza y valentía. Cuando la mediocridad y la prisa sustituyen a la Constitución, no estamos modernizando a la patria: la estamos dejando huérfana de garantías.

Es momento de despertar la conciencia colectiva y detener este cáncer institucional que hoy extirpa la certeza jurídica y la paz social de México.