La epidemia de obesidad debe atacarse a fondo para salvar vidas y ahorrarle al país y a la economía familiar gastos millonarios. En ese sentido apunta la aprobación del etiquetado frontal en alimentos procesados y gaseosas, y el reportaje de Javier Mariscal en el número 624 del bisemanario Espacio 4.

“En México, la laxitud de las normas de calidad en alimentos procesados ha propiciado problemas de salud que implican un alto costo sanitario, económico y social. Para contrarrestarlo, el Congreso avaló el 1 de octubre una iniciativa para obligar a las compañías a etiquetar sus productos con sellos que evidencien componentes cuya ingesta, entre otros males, propicia obesidad, hipertensión y diabetes.

“Con 458 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el pleno aprobó la minuta en lo general para que en el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas se ofrezca información nutrimental que advierta sobre la presencia de cantidades nocivas de ciertos componentes. El tema contrapone el interés de una población que intenta mejorar sus decisiones de compra para reforzar su calidad de vida frente al derecho de las compañías a operar bajo condiciones de libre mercado.

“La resistencia empresarial, encabezada por ConMéxico, la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (ANTAD), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamim), argumentaba que el etiquetado de alimentos es voluntario en la gran mayoría de países.

“No obstante, organizaciones civiles como El Poder del Consumidor, dirigida por Alejandro Calvillo Unna, plantean que ‘algo ya evidente en México es que, en la medida en que el modelo económico empobreció a la población, en lugar de políticas por un mejor salario, se relajó la normatividad para que los productos fueran más baratos y se optó por la vía fácil de orientar el consumo hacia lo dulce, salado y grasoso desde edad temprana’.

“A decir de Calvillo Unna, al industrial le importan más las ganancias que el hecho de que esta generación de niños pueda ser la primera en vivir menos que sus padres al llevar la situación a un punto de emergencia epidemiológica. ‘El empresariado ocultó el tema y el Gobierno lo ha solapado con un discurso oficialista que esgrime que ‘en aras de una modernidad que acelera una vida cotidiana en que tanto hombres como mujeres trabajan, son las prisas las que atacan la saludable tradición alimentaria’’, enfatiza. (…)

“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2016 –la más reciente hasta el momento–, el 73% de los adultos mexicanos padece sobrepeso u obesidad –es decir, más de 60 millones de personas– y lo mismo pasa al 36% de los adolescentes y a uno de cada tres niños. Como resultado, cada año mueren más de 90 mil personas por diabetes o enfermedades cardiovasculares, respiratorias e infecciosas. El problema añadido es que cerca de la mitad de estas muertes son de personas en edad laboral, lo que implica que las familias pierden años de ingresos económicos.

“Por otro lado, tratar prolongadamente una diabetes en instituciones privadas implica costos que –tras varios años– pueden superar el millón y medio de pesos, mientras que para el sector de salud pública el costo de atender la obesidad y enfermedades relacionadas supera los 120 mil millones de pesos al año. Según estudios del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gasto se dispara hasta los 250 mil millones de pesos cuando se agrega la merma en productividad, ausentismo y reducción de años de vida laboral”.